Foto. W Radio

El pasado 7 de julio fue detenido el comunero indígena Anderson Mario Escue Ul del territorio de Huellas, por su activa participación en procesos de toma de tierras en el marco de lo que los comuneros han denominado “Liberación de la Madre Tierra”. Su detención por parte de las fuerzas policiales se suma a la detención de Oscar Eduardo Escué el 24 de diciembre del año pasado. Los comuneros son acusados de delitos tales como: invasión de tierras, desplazamiento forzado, daño en bien ajeno, hurto y amenazas.

Estas acusaciones se desprenden de la toma de la hacienda Canaima, en el norte del Cauca, cuyo cultivo principal era el cultivo de caña de azúcar. Este cultivo beneficia a la gran industria cañera de nuestro país, donde se encuentra la organización Ardila Lulle, un gran grupo económico, propietario de más de 80 empresas. La organización Ardila Lulle es dueña directa de miles de hectáreas de tierra en el Norte del Cauca, las cuales están cultivadas con caña de azúcar. Además, haciendas aledañas de propiedad de terratenientes también le venden su producción. Con esta caña se procesa azúcar y etanol. La organización Ardila Lulle recibe financiación estatal por su producción.  Las tierras sembradas con caña de azúcar para el negocio azucarero y de bioetanol son las más óptimas para la agricultura en la región.

Por su parte, los indígenas de la zona están arrinconados en las montañas, con una creciente necesidad de más y mejores tierras para repartirla entre comuneros pobres para poder trabajar y generar bienestar a sus familias y comunidades. Para este reclamo durante décadas se han amparado en recursos legales. Por un ladohan alegado que las tierras ancestralmente les pertenecían y que les fueron despojadas por los colonizadores españoles por ello ahora es justo hacer valer su propiedad.

Por otro lado, de manera más reciente, las reclaman como parte de los compromisos adquiridos por el Estado cuando prometió entregar más de 15 mil hectáreas de tierra productiva a los indígenas como reparación por la masacre del Nilo, hecho ocurrido en 1991. Aquí se hace obligatorio detenernos un poco.

En esa masacre, el día 16 de diciembre, aproximadamente 20 comuneros fueron asesinados. Terratenientes de la zona, entre ellos el propietario de la hacienda Canaima en ese entonces, cuyo nombre es José Antonio Bernal Seijas y que hoy goza de libertad condicional, fueron los que orquestaron el plan (participaron además terratenientes de las haciendas La Emperatriz, El Nilo, Canaima, La Margarita, La Selva y La Josefina), el cual fue ejecutado en conjunto por el ejército reaccionario y por las fuerzas paramilitares que actuaban bajo el mando de los terratenientes del país. El actual dueño de Canaima es el hermano de José Antonio, quien incluso ha acudido a José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (la cual reúne al gremio de terratenientes ganaderos y ha tenido nexos claros con el paramilitarismo) que intervenga para que se respete la propiedad privada en el Cauca.

Como las vías que se encuentran dentro de los límites del Estado han demostrado su fracaso durante décadas, los indígenas han decido tomar las haciendas al servicio de los ingenios azucareros y los terratenientes. Es en este contexto en que Óscar Escué y Mario Escué han sido detenidos. Los terratenientes, la justicia burguesa y la prensa monopólica afirma que son delincuentes. En realidad, el delito que han cometido es el de enarbolar la consigna de: tierra para quien la trabaja, haciendo frente con esto a los terratenientes de la zona y a la gran burguesía en el país . Hay que decir también, que, aunque este ha sido uno de los años en que el gobierno ha hecho más populismo con sus promesas de tierra al campesinado, los golpes a la lucha por la tierra no paran y estas detenciones se suman a los desalojos violentos por parte de las fuerzas represivas del estado contra los campesinos del país ocurridos el año pasado.