La Guajira es un departamento en Colombia que según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) “es uno de los departamentos más importantes para el país, puesto que durante el 2021 fue tanto el motor del crecimiento económico, como la radiografía de la recuperación de la productividad en Colombia” a pesar de esto ésta región es donde mayor pobreza y corrupción hay en el país, allí no hay agua potable, no hay energía eléctrica y en lo que va del 2023 más de 18 niños han muerto por desnutrición.
A inicios del año 2022, grandes empresas como Isagén y Enel, entre otras empresas extranjeras han venido construyendo parques eólicos en la Guajira. Allí se encuentra varias comunidades indígenas Wayuu, que en conjunto suman alrededor de 380.000 indígenas. Estas comunidades se organizan en forma de lo que denominan clanes.
Las empresas mencionadas pretenden construir molinos de viento y carreteras de acceso en los territorios de las comunidades, ofreciendo por ello financiar algunos proyectos como compra de chivos, arreglo de cementerios o mejoramiento en el acceso al agua. Es el flaco precio que pretender pagar para usurpar las tierras en que históricamente los Wayuu han habitado y por las cuales han tenido que luchar también históricamente, contra otras empresas extractivistas imperialistas, en este caso, extractoras de carbón.
Los ofrecimientos de esta nueva oleada de extracción imperialista en la guajira se hacen insuficientes a los ojos de las comunidades y es raíz de un nuevo conflicto en que utilizando la vieja táctica de ofrecer mayores prebendas a unos que a otros para dividir internamente a la población, los clanes mismos se han atacado entre sí. Las empresas también han hecho su parte atacando y asesinando a opositores de sus proyectos.
Ante esta situación los indígenas se han enfrentado nuevamente al problema del desplazamiento, fruto de lo que se prevé como un nuevo despojo de sus tierras a favor de los intereses del imperialismo. En total 600 comunidades han sido afectadas.
En concreto, las comunidades indígenas han exigido que se les dé por adelantado el dinero que ellos ofrecen y que le den empleo a los Wayuu, pero las multinacionales no han aceptado estas exigencias, razón por la cual se han realizado más 40 de bloqueos en carreteras e instalaciones. Estos bloqueos han generado que la empresa Enel suspendiera las obras de manera indefinida.
El gobierno de Petro ha anunciado que busca hacer de la Guajira “la capital mundial de la energía verde” a costa de la sangre de las comunidades indígenas y profundizando la miseria del pueblo en este departamento. Petro le dice al pueblo que la transición energética va a salvar a la humanidad mientras le clava el cuchillo por la espalda al pueblo, quitándole la tierra y concentrándola en manos de empresas energéticas de tipo “nuevas” y “renovables” que para el pueblo en realidad representa más de lo mismo, mantener y profundizar el atraso (estos parques eólicos ni siquiera pretenden dar energía a la eléctrica a las comunidades indígenas). La única herramienta de las comunidades indígenas en la Guajira es unirse, organizarse y luchar contra las empresas energéticas impulsadas por el viejo Estado a la cabeza de Gustavo Petro y tomar las tierras que les pertenecen y necesitan para avanzar en mejorar sus condiciones de vida.
