El pasado 20 de mayo, los trabajadores y docentes de la Universidad de Antioquia (UdeA) recibieron un correo desde la administración central en el que se les planteaba una crisis a nivel del flujo de caja en las finanzas generales que tendría como consecuencia un retraso en el pago de la nómina de todos los docentes y trabajadores; esta situación no se presentaba hace 50 años en la UdeA. Esta crisis financiera se ha ido profundizando y desarrollando cada vez más, al punto en que se han presentado reincidencias en el atraso de los pagos, venta de predios propios de la universidad y planes de austeridad para ahorrar gastos que ahondan la precariedad de la educación superior pública.
El origen de la crisis
En los espacios citados por el actual rector de la universidad John Jairo Arboleda para hablar con estudiantes, profesores y trabajadores sobre el problema financiero, lo que más reluce es el problema de la ley 30 que es la base del desfinanciamiento de las universidades a nivel nacional. En 1992 se aprobó la ley general de educación superior impulsada y avalada por organismos imperialistas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este documento lleno de orientaciones que apuntan a profundizar la dependencia económica y política de nuestra nación por medio de la educación, plantea a nivel financiero, en sus artículos 86 y 87 que el presupuesto asignado para las universidades tendrá como base exactamente el mismo presupuesto del 1992 y que va a ir incrementando año en año en relación al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en otras palabras, en relación a la inflación.
Esto ha generado un gran problema en las universidades debido a que el incremento de sus costos anualmente es superior al aumento del IPC, lo que lleva a que las universidades tengan que buscar otras maneras para autosostenerse. El Sistema Universitario Estatal (SUE) calcula que desde el 1993 hasta el 2022, la cantidad de estudiantes matriculados en las universidades públicas creció un 320,7% pasando de 159.216 estudiantes en 1993 a 669.766 en 2022. Además, el rubro más grande en los costos de funcionamiento de la universidad es el de la nómina docente y en el caso concreto de la UdeA el crecimiento en cantidad de profesores desde el 2009 hasta el 2023 fue de 2.037 docentes. Estas cifras demuestran el crecimiento que han tenido las universidades a nivel financiero en los últimos 30 años y la necesidad de una mayor financiación.
Ha habido además un incumplimiento por parte del gobierno nacional en la destinación de recursos para las pensiones de los trabajadores de la universidad, lo que ha llevado a que la institución tenga que cubrir esos gastos.
Todos los costos concretos del desfinanciamiento de la universidad recaen sobre los hijos del pueblo trabajador que les toca asumir sus derechos de bienestar universitario tales como restaurante, tiquete estudiantil, arriendos de habitaciones para foráneos, asistencia para los casos de abusos sexuales a estudiantes y asistencia psicológica que son cada vez más limitados. Es por esto defender una mayor financiación para las universidades públicas, como lo hizo el movimiento estudiantil en sus últimos grandes levantamientos en 2011 y 2018, es defender la existencia de una universidad al servicio de las clases explotadas en nuestro país que son quienes sostienen las universidades mediante el saqueo cada vez mayor de sus salarios en forma de impuestos.
La responsabilidad de la administración
A pesar de que es bien conocido que la base del problema financiero en la universidad es la ley 30, han surgido importantes cuestionamientos por parte de profesores, estudiantes y trabajadores a la administración del actual rector que este año comienza su tercer periodo consecutivo. Por un lado, las formas antidemocráticas que ha utilizado el rector en medio de la coyuntura que se han expresado en la inasistencia a espacios convocados por estudiantes para plantear de manera directa sus reivindicaciones sobre Violencias Basadas en Género que están estrechamente relacionadas con el aspecto financiero, la convocatoria a espacios de discusión e información sobre el tema, pues luego de 2 meses de anunciada la crisis, apenas a finales del mes de julio, el rector y los altos cargos administrativos permitieron de manera bastante limitada el debate amplio con los sectores afectados, y por otro, su aparente sumisión al gobierno nacional, pues ha tenido en este último mes reuniones con el ministerio de hacienda y educación y con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para mendigar migajas y mitigar la crisis financiera de la universidad, pero en ningún momento se ha dedicado a llamar al estudiantado a la lucha por financiación, que la historia ha demostrado ser el camino más efectivo, como sí lo hizo junto al SUE en 2018 con el gobierno de Iván Duque.
No bastando con esto, el sindicato SINTRAUNAL UdeA ha puesto sobre la mesa otros llamados importantes. Entre algunos de ellos, los compañeros del sindicato plantean que “en la administración existen actuaciones poco diligentes omisivas y corruptas, que han aportado en gran escala para la situación de la universidad”. Entre las acciones poco diligentes y omisivas, plantean que los administrativos conocían el desfinanciamiento por 348.000 millones de pesos desde diciembre del 2023, cuestionando el por qué no se tomaron acciones desde el inicio del año. Denuncian que en esta administración han aparecido un sin número de cargos mágicos, es decir, muchas contrataciones sin una necesidad real lo que profundiza la burocracia y el clientelismo. Manifiestan también algunos posibles casos de corrupción relacionados con el cumplimiento de favores políticos por parte de la administración.
Lo que es claro para los estudiantes, trabajadores y profesores es que, en los únicos 3 espacios de participación democrática bastante limitada, el rector se ha dedicado a profundizar y poner el foco en el problema de la ley 30 desconociendo por completo los problemas en el manejo de recursos que su administración muy posiblemente pueda tener.
Las condiciones actuales y las medidas tomadas
En esta crisis, la universidad reporta que para terminar el año hacen falta $150.000 millones que deben ir destinados únicamente al funcionamiento y que cada vez van agotando más las posibilidades de conseguir estos recursos de otras formas, pues existen facturas vencidas por más de $50.000 millones y se han ido agotando las posibilidades de realizar prestamos con otras entidades. Es necesario también recordar que, al día de hoy, la UdeA se autofinancia en un 50% y los recursos destinados por el gobierno nacional y departamental alcanzan un 44%.
La administración de la universidad ha tomado un camino burocrático por el que cree se va a resolver la crisis al menos este año, este camino los ha llevado a mendigarle al gobierno nacional y departamental, a donar predios a la ANT para ver si se les reconoce algo y a impulsar una política de austeridad que está precarizando las condiciones laborales de los trabajadores. Esta política impulsa varios puntos y entre los más importantes están el congelamiento del precio de la hora a los profesores de cátedra, el no pago de viáticos para profesores que necesitan viajar a otras regiones a dar clases, la disminución en el apoyo económico a estudiantes para eventos académicos, la reducción general de las salidas de campo, entre otras medidas de ahorro que apuntan a empeorar las condiciones académicas y laborales de la comunidad universitaria.
El otro camino que le queda a los estudiantes, profesores y trabajadores es el camino democrático, impulsar la lucha por una mejor financiación para las universidades y así que esta gran crisis no recaiga sobre los hombros de los trabajadores y estudiantes más pobres. Es el momento de organizar a todos los estamentos de la universidad para la defensa de la educación pública como uno de los derechos democráticos del pueblo en nuestro país.
