Por Pedro Quiroz
“Déficit fiscal de más de 50 billones de pesos”, “lo que debe primar es el interés general”, “se le está otorgando un subsidio a unos empresarios”, “la parálisis económica se extiende, hay riesgo de desabastecimiento, alza de precios y especulación” son algunas de las afirmaciones del gobierno y sus seguidores para justificar el alza proyectada de $6.000 (un 60% aproximadamente) del ACPM. Otros van más allá y señalan “la huelga de trabajadores está amparada por la ley, mientras que el paro de empresarios no es legal”. Veamos un pequeño análisis de lo ocurrido la semana pasada.
Con el paro nacional de transportadores en Colombia, ha quedado una vez más en evidencia el papel que juega el gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Hace unos años un alza de esta magnitud habría generado movilizaciones, protestas, bloqueos, enfrentamientos rechazando tal medida, incluso en las redes circulan viejas afirmaciones del propio Petro, del que fuera ministro del Interior Velasco y otros criticando alzas en los combustibles, y la fórmula como esta se calcula en Colombia. Pero hoy se defiende por un sector de dirigentes de sindicatos y organizaciones sociales dicha medida, incluso hasta el uso de la fuerza para desbloquear vías. Entonces lo que está en juego para ellos son las formas como se gobierna, no es una disputa en la que algún sector de las facciones de las clases dominantes esté defendiendo realmente los intereses del pueblo colombiano, ellos, las clases dominantes pretenden ganarse el corazón del pueblo para avanzar en lo que realmente están disputándose: el control del aparato burocrático del Estado, unos por mantenerse otros 4 años en el gobierno y los otros por retomarlo.
El paro de transportadores ha surgido por un decreto que elevaba 20% aproximadamente en el precio de ACPM. Medida que todo el establecimiento, llámese uribistas, petristas, santistas, liberales, conservadores, etc. Han visto como una medida MUY oportuna, necesaria, responsable, que permite reducir el “déficit fiscal”; en general las clases dominantes están unificadas en la necesidad de subir el costo del ACPM. Todos, desde los oportunistas que hoy hacen parte del gobierno hasta los más archirreaccionarios enemigos del pueblo, realmente coinciden en la necesidad de reducir los subsidios o eliminarlos por completo. Para ellos es claro la necesidad de eliminar el déficit fiscal que ha generado estos subsidios durante ya más de cuatro años, y así permitir que el Estado colombiano tenga una relación entre lo que gasta y lo que le ingresa, que garantice el pago de sus deudas con el sistema financiero nacional e internacional y poder responder por las ganancias al gran capital. Si están de acuerdo, ¿por qué la disputa que vemos en medios de comunicación?
Entonces esta discusión donde han pretendido que el pueblo tome partido la quieren hacer en el marco de la economía del imperialismo. Porque es el sistema económico imperialista quien determina cómo se calculan los precios de los hidrocarburos y sus derivados, en este caso la ACPM. No es una política nacional y popular la que define los precios de los combustibles en Colombia, al contrario, es antipopular y antinacional, el que a pesar de sacar el petróleo de nuestro subsuelo y refinar los combustibles en refinerías pagadas con nuestros impuestos, es el mercado mundial quien define a cómo pagamos el Diesel para transportarnos y transportar productos.
Como se ha dicho ya anteriormente en este periódico Nueva Democracia, el gobierno de Gustavo Petro ha continuado con la sumisión al imperialismo, principalmente al norteamericano. Y ésta es una muestra más. Un gobierno realmente popular, democrático, realmente progresista pondría los intereses de las amplias mayorías por encima de las decisiones del Sistema Financiero Internacional.
¿Quiénes son los que han dicho, los que han obligado a que el precio de la gasolina, y ACPM en Colombia, se pague a precios internacionales? Son muchas las expresiones que hemos escuchado esta semana, diciendo que, si el petróleo lo sacamos de nuestra tierra, la gasolina y ACPM lo refinamos en las refinerías de Barranca Bermeja y de Cartagena, las cuales pertenece a Ecopetrol, empresa que de palabra nos pertenece a todos los colombianos, ¿por qué debemos pagar el precio internacional de gasolina y el petróleo? La razón no es otra, sino que Colombia, a pesar de la palabrería que este gobierno quiera decir, sigue atada, subyugada, sometida a los poderes de las potencias imperialistas, en particular de la superpotencia norteamericana. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es una creación del sistema financiero internacional, que se ha impuesto para brindar condiciones de estabilidad a los grandes capitales, y permitir una tranquila condición para maximizar su ganancia.
No es una lucha entre el pueblo y las clases dominantes como lo quiere hacer ver el sector de los oportunistas. La lucha que se da en el marco del alza del ACPM es una lucha entre las clases dominantes y cada facción pretende ganarse al pueblo con su discurso.
Ahora bien, veamos otro elemento que se deja ver en este paro de transportadores. El papel del Estado y su aparato represor, en particular el ESMAD, hoy con su nuevo nombre UNDMO. Algunos dicen que se ha logrado despejar las vías sin heridos, sin sacar ojos, sin estigmatizar a los que protestan, y señalarlos de terroristas. Y otros dicen, ahora sí les gusta el ESMAD cuando son gobierno, los que antes llamaban asesinos, violadores de derechos humanos, etc.
El ESMAD y el conjunto del aparato policial y militar colombiano no han cambiado porque un partido llamado Pacto histórico, Colombia Humana haya ganado las elecciones y esté en la cabeza del gobierno. El Estado, así como su columna vertebral, las fuerzas militares y policiales tienen el mismo carácter, un carácter antipopular y que defiende a los más ricos en este país. Y eso lo vivimos cotidianamente en barrios y en el campo.
No es que la policía haya cambiado su carácter, no es que se haya acabado la represión en este país, no, es precisamente el papel que este Gobierno ha llegado a cumplir. Uno de sus papeles es impedir y/o reducir las protestas populares. Uno de sus objetivos es maniatar al pueblo, impedir que esté se levante. Y eso es un objetivo que ha logrado parcialmente, ha permitido que después de años que alza en las luchas populares, se logre apaciguar, frenar, controlar la rebeldía popular.
Pensemos ¿qué hubiera ocurrido si está pretendida alza de casi $2.000 pesos se hubiera dado el gobierno anterior? Por lo menos desarrollamos un gran paro nacional. Si el gobierno anterior se hubiera atrevido a subir 2.000 pesos de ACPM, el alcance del paro nacional hubiese sido mucho más grande que el del 2021. Más sectores se habrían unido. Importante tarea la que ha venido cumpliendo Petro para permitir que los negocios de los más ricos en el campo y en la ciudad, avancen sin resistencia popular.
Ahora, otro elemento. Dentro del gremio de transportadores hay clases sociales, los transportadores no son una sola clase social. Es un sector de la economía donde están los dueños del gran capital, de decenas, o cientos de mulas, están los pequeños propietarios, una, dos, tres, camiones, buses, quienes son constreñidos, condicionados por las grandes empresas quienes controlan el sector; y por último están los empleados, trabajadores, conductores quienes se ven sometidos a la explotación cotidiana.
Es la fuerza del pueblo (conductores empleados y pequeños propietarios), la que los dueños del gran capital, han utilizado para ponerlos al frente de la protesta. Aprovechándose de la justa reivindicación de no subir los costos de funcionamiento, que repercute en sus ingresos diarios. Pensemos en un chofer que alquila un bus, un camión, un taxi y debe pagar una mensualidad. Al dueño de los taxis, de los camiones, le tiene sin cuidado el alza del ACPM o la gasolina. Porque finalmente es el chofer quien debe pagar el ACPM o la gasolina. Si se incrementa un 20%, un 60% como se ha pretendido por parte del Gobierno, serán los conductores que alquilan estos buses, taxis y camiones los que deben pagar.
Otro elemento. Desde el Gobierno y sus sindicatos y organizaciones sociales, han pretendido hacernos creer que el alza del ACPM sólo afectará a los grandes propietarios, desconociendo que todos los negocios, por pequeños que sean, necesitan de materias primas y necesitan transportar sus productos. Y eso se realiza principalmente en transportes que usan ACPM o gasolina. Por lo tanto, un alza del 60% inevitablemente afectará al conjunto de la sociedad colombiana, y como ocurre en momentos de crisis, de alza de precios, son los más humildes sobre quienes recae el peso.
Entonces, una exigencia de no alzar los combustibles es una demanda justa, elevar la consiga de romper con el control imperialista sobre las políticas económicas es necesario, a impulsar la democratización del negocio de la carga, que hoy es controlada por un puñado de grandes empresas, y acompañar todo con unas condiciones laborales que permitan al trabajador mejorar su condición de vida con mejores ingresos, sea por salario o mejorando el pago de la carga a los pequeños transportadores.
Para esto es condición necesaria de impulsar la organización y la lucha popular contra los grandes capitales del transporte, contra el dominio imperialista y los sectores que estando en el Estado proponen reformas para que todo siga igual. Condición necesaria para demandar, mientras avanzamos en la conquista de una verdadera soberanía y democracia popular, una Nueva Democracia que transforme de raíz la sociedad, en donde el pueblo decida las políticas de combustibles, tanto en su explotación, como costos, y condiciones de los trabajadores.
