El 23 de noviembre de 2019, Manuel Cubillos, capitán del Esmad, asesinó al joven Dilan Cruz, en una movilización en la ciudad de Bogotá. Esta movilización se daba en el marco del Paro Nacional, cuando miles de personas, principalmente jóvenes, a lo largo y ancho del país, salieron a movilizarse contra las políticas del entonces gobierno Duque.
Dilan Cruz tenían tan solo 18 años, y al igual que las personas que se movilizaron en aquellas jornadas de protesta, quería conquistar mejores condiciones de vida para la gente trabajadora y más oportunidades para los jóvenes, sin embargo, la represión del Estado acabó con su vida.
Han pasado 5 años desde aquel lamentable suceso, la familia de Dilan lleva todos esos años luchando por justicia ante el asesinato de su hijo, en contra del Estado y del policía antidisturbios que le quitó la vida, cuando disparó de forma directa su escopeta de perdigones contra la humanidad del joven.
En las normativas que regulan el accionar de la policía, está prohibido disparar dicha arma de forma directa contra los manifestantes a menos de 40m, así como apuntar a la cabeza. También está prohibido disparar los gases lacrimógenos directamente contra el cuerpo de las personas, y debe hacerse en un ángulo de inclinación que genere una parábola que no ponga en riesgo la vida. Se supone que son armas no letales para el manejo de la protesta, sin embargo, en el movimiento popular (especialmente en el movimiento estudiantil, campesino e indígena), son comunes las denuncias contra policías que disparan este tipo de armamentos directamente a las personas. El caso de Dilan no es un caso aislado, es una práctica común y normalizada al interior del Esmad, como lo afirman defensores de derechos humanos. También son conocidas en el movimiento popular, las famosas “recalzadas”, que son granadas no convencionales, modificadas ilegalmente por los policías para causar mayor daño a los manifestantes, por ejemplo, incluyendo canicas de cristal en su interior, o metralla, con las cuales, han herido gravemente a muchos manifestantes en las últimas décadas, e incluso han causado varias muertes. Práctica ilegal que no es reconocida por el Estado, y que los policías realizan de manera solapada, amparados por sus comandantes y por la impunidad que el sistema judicial les garantiza. Con una de estas granadas hechizas, “recalzadas”, el Esmad asesinó al estudiante Óscar Salas el 8 de marzo de 2006 durante unas protestas en la Universidad Nacional en Bogotá, una canica atravesó su ojo, se incrustó en el cráneo y le causó la muerte.
El pasado mes de noviembre se conoció la primera sentencia del caso de Dilan Cruz, en la que la Procuraduría ha interpuesto una multa de $14 millones de pesos contra el agente del Esmad que lo asesinó. Una de las reacciones fue de la hermana de Dilan, quien en sus redes sociales denunció la impunidad del sistema judicial colombiano:
La impunidad por parte del Estado y sus instituciones es tan descarada, que la misma Procuraduría reconoce que la sanción es “baja”. En una explicación emitida por la entidad dicen: “Para el despacho es claro que la sanción a imponer puede parecer baja frente a la naturaleza de la falta cometida, pero en respeto del principio de congruencia, esta delegada respeta la calificación que se dio a la falta cometida en la decisión de cargos por parte del despacho de instrucción disciplinaria, y por ello emite una sanción que corresponde al máximo permitido para las faltas graves» (Subrayado nuestro).
Esta decisión de la Procuraduría, se basa en el análisis del caso realizado por la Fiscalía, la cual indicó que, según sus investigaciones, el agente del Esmad no disparó directamente a Dilan sino a la multitud. Desconociendo todas las investigaciones y evidencias que muestran cómo el agente de policía sí disparó directamente contra el joven, causándole la muerte, como por ejemplo la investigación de Forensic Architecture, quienes, luego de analizar las pruebas, sostienen que el agente del Esmad siguió a Dilan con su arma durante unos segundos antes de disparar, es decir le apuntó y luego le disparó premeditadamente.
Por otra parte, aparecieron en redes sociales, sectores de derecha, defensores del actuar de la policía y las fuerzas de represión, a justificar y defender al antidisturbios Manuel Cubillos. Tal es el caso de Ariel Ricardo Armel, quien en su Twitter (X), lanzó una Vaki para recolectar el dinero de la sanción y ayudar al asesino.
Finalmente, la defensa de la familia de Dilan Cruz, ha apelado el fallo condenatorio contra el policía, y llevarán el caso a una segunda instancia. La lucha por justicia en el caso del asesinato de Dilan Cruz continúa, en contra del agente de policía antidisturbios Manuel Cubillos, pero también en contra del Estado y sus instituciones que protegen y garantizan impunidad, para quienes se encargan de mantener el orden establecido reprimiendo la justa lucha del pueblo. Mientras tanto, la promesa de campaña de Petro, de desmontar el Esmad, sigue sin cumplirse, lo único que hizo el gobierno del cambio fue cambiarles el nombre (ahora UNDMO). Un total insulto a todas las victimas de la represión policial, y una total demostración del oportunismo: aprovecharse de la justa indignación del pueblo, convertir esa indignación en promesas de campaña, y una vez en el poder seguir gobernando al servicio del mismo sistema, sin sonrojarse ni siquiera.