En octubre de 2002, una operación militar en la Comuna 13 de Medellín —la Operación Orión— dejó un saldo de cientos de víctimas civiles y marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este operativo, financiado por Estados Unidos bajo el Plan Colombia, reflejó la herencia de la Guerra Fría en América Latina: entrenamiento militar contrainsurgente, alianzas con grupos paramilitares y la política de «seguridad democrática» que priorizó los intereses burgueses y terratenientes sobre los derechos del pueblo. Dos décadas después, la impunidad persiste y las víctimas siguen exigiendo justicia y verdad.
Contexto histórico internacional
Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el mundo se dividió en dos bloques: el capitalista, liderado por EE.UU., y el campo socialista, encabezado por la URSS y China socialista. La Guerra Fría (1945-1991) impulsó a Washington a contener el avance de las ideas comunistas en todo el mundo, incluida Latinoamérica.
En 1949, Estados Unidos fundó la Escuela de las Américas en Panamá, donde entrenó a militares latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Según informes de Human Rights Watch, por esas aulas pasaron responsables de golpes de Estado y masacres en Argentina, Chile y Colombia.
El triunfo de la Revolución Cubana (1959) encendió las alarmas en Washington. Para evitar «otra Cuba», EE.UU. promovió dictaduras mediante el Plan Cóndor (años 70) y, décadas después, invirtió $9.6 billones en el Plan Colombia (2000), cifra superior a su gasto en Irak y Afganistán.
Contexto histórico nacional
Desde los años 30, el conflicto por la tierra entre campesinos y terratenientes polarizó al país. Promesas incumplidas de reforma agraria y represión estatal alimentaron la creación de guerrillas como las FARC-EP (1964) y el ELN (1965). Para los años 90, las FARC-EP eran una de las guerrillas más poderosas de Latinoamérica, que incluso contaba con fuerte presencia en las principales ciudades del país, como Bogotá y Medellín. En paralelo, surgieron grupos paramilitares financiados por narcotraficantes y terratenientes. Su objetivo: «limpiar» territorios de guerrilleros y líderes sociales.
Intervencionismo yanqui en Colombia
En el 2000, EE.UU. lanzó el Plan Colombia. “Oficialmente”, buscaba reducir cultivos de coca y mejorar las condiciones de vida del pueblo. Sin embargo, como se vería posteriormente, el objetivo real fue asegurar los intereses del imperialismo yanqui en la región.
El encargado de poner en acción el Plan Colombia fue Álvaro Uribe Vélez, presidente desde 2002-2010 y fiel lacayo del imperialismo yanqui. Planteó su propuesta de «Seguridad Democrática», reflejo de la doctrina de seguridad nacional estadounidense, cuyo objetivo principal era aumentar, la presencia de las fuerzas armadas, en mayor cantidad de territorios. Estrategia que incluyó: red de informantes pagados por el gobierno, reclutamiento masivo de soldados y operaciones conjuntas entre ejército y paramilitares.
Para presentar resultados a Estados Unidos, Uribe implementó varias operaciones del Ejército y de la Policía en los lugares donde había mayor presencia guerrillera y mayor desarrollo del movimiento popular. Se cuentan más de 12 operaciones de gran magnitud, en todo el país. Además, le dio mayor poder de acción al Ejército, permitiendo que actuaran en zonas urbanas.
Resultado del Plan Colombia y la Seguridad Democrática
En ese contexto, en mayo de 2002, se llevó a cabo la Operación Mariscal, con la cual unidades del ejército irrumpieron en la Comuna 13 de Medellín y asesinaron a algunos civiles. La operación fue frenada por la movilización de mujeres del territorio exigiendo el cese de la militarización. Meses más tarde, el Estado continuó con una de las principales operaciones, la Operación Orión. La madrugada del 15 de octubre de 2002, marcó el inicio de esta intervención militar y paramilitar en la Comuna 13 de Medellín, ordenada por Álvaro Uribe Vélez, avalada por la entonces ministra de defensa Marta Lucía Ramírez, dirigida por el general Mario Montoya, ex-instructor de la Escuela de las Américas, comandante del Ejército y de la Cuarta Brigada de Medellín, y Leonardo Gallego, jefe de Policía. En esta operación también participaron paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el liderazgo de alias «Don Berna».
El objetivo era erradicar el control de grupos guerrilleros en la zona, golpeando las estructuras milicianas, pero también atentando indiscriminadamente contra el pueblo. Para esto, se establecieron comandos del ejército, la policía nacional y el DAS en la Comuna 12, sector clave porque impedía la entrada y salida de personas a la Comuna 13. Los barrios que fueron intervenidos fueron Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias, Villa Laura y Nuevos Conquistadores.
Según el gobierno, 17 civiles murieron a manos de las fuerzas estatales durante el operativo, no obstante, organizaciones de derechos humanos y víctimas denunciaron que fueron 71 personas ejecutadas por los paramilitares, además de 370 detenciones arbitrarias y 6 desapariciones forzadas. El Centro de Memoria Histórica documentó más de 100 desapariciones adicionales tras el operativo. Sin embargo, estos datos subestiman lo que sucedió realmente durante la operación, dado que se impidió el ingreso de la prensa y de colectivos de derechos humanos. Las tácticas empleadas incluyeron el uso de helicópteros artillados, retenes militares y la instalación de casas de tortura en áreas rurales.
Adicionalmente, hay denuncias de la población, de que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara participaron y coordinaron directamente con Mario Montoya y Álvaro Uribe. Los paramilitares hicieron la investigación previa y el perfilamiento de los líderes sociales, las organizaciones y las casas que posteriormente fueron intervenidas por el ejército, la policía y los mismos paramilitares, quienes estaban encapuchados y daban órdenes a los efectivos del ejército. Si bien esta información fue negada en muchas ocasiones por los implicados, alias “Don Berna”, jefe de las AUC, confirmó cómo coordinaron previamente toda la operación y cómo se le dio incentivos económicos a los soldados y a Mario Montoya, quien actualmente cursa un proceso judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por cuenta de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). En un audio revelado por la JEP, Montoya dice: «Quiero litros de sangre», lo que refleja la presión que existía para mostrar resultados rápidos, implementando la ejecución indiscriminada de personas, que luego eran presentadas como guerrilleros muertos en combate. Según la JEP, entre 2002 y 2008 se documentaron más de 6.402 falsos positivos.
El costo para el pueblo colombiano
El impacto social de la Operación Orión fue devastador. El gobierno de Álvaro Uribe, apoyado por Estados Unidos, violó los derechos de la población de los barrios intervenidos y de millones de personas trabajadoras, campesinas y obreras. Hay declaraciones de exmilitares que narran cómo aumentaron las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y las torturas a personas que no estaban involucradas en el conflicto armado.
Implementaron casas de paso donde interrogaban, torturaban y asesinaban a personas que capturaban de manera arbitraria durante la operación. Luego, algunas personas fueron llevadas a zona rural, eran puestas a cavar sus tumbas, les daban un disparo en la cabeza y posteriormente eran enterradas en los areneros y lugares donde depositaban los escombros en la zona, principalmente en la propiedad de la empresa Constructores el Cóndor S.A., conocida como La Escombrera.
La política de «Seguridad Democrática» impulsada por Álvaro Uribe, aunque planteaba combinar el fortalecimiento militar con mejoras sociales, evidenció una marcada contradicción. Del total de 860 millones de dólares entregados por EE. UU. para el Plan Colombia, el 73% (632 millones) se destinó a financiar a la Policía y el Ejército, mientras que apenas el 26% (227 millones) se invirtió en desarrollo económico, atención a desplazados, derechos humanos y justicia.
Con esto solo se consiguió un aumento de las víctimas del conflicto armado, aumento de desplazamientos forzados y aumento de los índices de pobreza. Además, con el uso indiscriminado de glifosato (herbicida cancerígeno según la OMS) se incrementaron los casos de cáncer en comunidades fumigadas. También, se optó por una economía extractivista, priorizando la inversión extranjera y la explotación de recursos minerales, profundizando el saqueo de nuestra nación. Sin olvidar el incremento de narcoparamilitares, pues los grupos paramilitares, reconvertidos en Bacrim (Bandas Criminales), consolidaron su control del narcotráfico con apoyo estatal, perpetuando la violencia.
Aunque Uribe se atribuye públicamente, las victorias alcanzadas por el Ejército en aquellas operaciones, evade su responsabilidad respecto a las órdenes militares relacionadas con las masacres y crímenes cometidos por las fuerzas militares a su cargo. Tanto Uribe, como los altos mandos del Ejército y Policía, siguen evadiendo la justicia, sin importar que varios jefes del paramilitarismo han confesado todo el entramado y las estrechas relaciones con el gobierno. Mientras tanto, EE.UU. mantiene su financiamiento a fuerzas armadas en Colombia y Latinoamérica, replicando modelos de seguridad cuestionados. EE.UU. inyectó 466 millones de dólares al ejército colombiano en 2023.
El discurso de «seguridad» operó como fachada para militarizar el país, profundizar desigualdades y beneficiar intereses económicos y criminales del imperialismo yanqui y de las clases dominantes de nuestro país, sin rendir cuentas por sus consecuencias devastadoras en la población popular, obrera y campesina.
Las mujeres: archivo vivo de la verdad
Pese a todo lo anterior, la derecha y extrema derecha, insisten en narrar este episodio como un «éxito militar», mientras se intenta borrar las huellas del horror. Frente al relato oficial, las madres y familiares de víctimas han convertido su duelo en resistencia. Colectivos como MAFAPO (Madres de Falsos Positivos) y Mujeres Caminando por la Verdad han documentado cada caso, desde las ejecuciones extrajudiciales hasta las fosas ocultas en quebradas y solares abandonados. «Nosotras fuimos las primeras en rastrear balas, en identificar uniformes, en desenterrar mentiras», afirma Luz Marina Bernal, cuya voz resonó en 2016 ante la JEP al denunciar la connivencia entre fuerzas estatales y paramilitares. Bajo el lema «Las cuchas tienen razón», estas mujeres han desafiado la estigmatización —tildadas de «locas» o «aliadas de la guerrilla»— para exigir justicia, en un país donde solo el 3% de los 6.402 casos de falsos positivos tienen sentencias firmes (2023).
Censura y arte
La Comuna 13, hoy cubierta de grafitis que narran su resistencia, ha sido epicentro de la disputa entre memoria y olvido. En 2021, fue realizado un mural en Medellín que mostraba a Uribe junto a la frase «¿Quién dio la orden?», aludiendo a su responsabilidad en la Operación Orión. Sin embargo, en 2022, el alcalde Federico Gutiérrez ordenó borrarlo, catalogándolo de «vandalismo». Para Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista, esto es parte de un patrón: «Borran los murales como borraron a nuestros hijos: quieren que la Comuna 13 sea un decorado de paz sin nombrar a los muertos», esto refleja una estrategia sistemática: «Quieren convertir el horror en un relato incómodo que debe desaparecer». La persecución se agudizó en 2023, cuando el General Montoya, intentando silenciar el arte que lo denuncia, demandó a colectivos artísticos, por hacer carteles con su rostro junto a las cifras de víctimas de falsos positivos. “Cada mural es un hijo que revive», respondió María Sanabria, de las Madres de Soacha, cuyo hijo fue desaparecido tras ser señalado como «blanco militar».
Mientras líderes como Uribe (investigado por soborno de testigos) insisten en glorificar a los victimarios. Las mujeres, en cambio, enfrentan un sistema que prioriza pactos con victimarios en lugar de reparación real. «Nos ofrecen disculpas en papel, pero nuestros hijos siguen en fosas sin nombre», reclama María Sanabria.
La batalla por la memoria del pueblo
Cada mural repintado, cada hueso identificado en fosas como las de Constructores El Cóndor S.A. (La Escombrera), y cada marcha liderada por mujeres con fotos de sus hijos, desmontan el relato oficial. La Operación Orión no fue un «caso aislado», sino la muestra de un modelo de seguridad que sacrificó civiles por réditos políticos. Hoy, las mujeres —forenses sin título, historiadoras sin archivos— recuerdan al país que la paz no se construye con amnesias institucionales, sino con memoria y resistencia que interroga: ¿Quién dio la orden?
En medio de los intentos institucionales por borrar la memoria histórica —desde el borrado de murales hasta la criminalización del arte crítico—, las mujeres populares colombianas han emergido como guardianas irremplazables de la verdad. Las madres buscadoras, agrupadas bajo consignas como «Las cuchas tienen razón», encarnan una resistencia que desafía la impunidad y la censura estatal. Con fotos de sus hijos desaparecidos y documentos que prueban la complicidad entre militares y paramilitares, han recorrido fosas, tribunales y montañas, convirtiendo su dolor en un motivo de lucha para exigir justicia.
Organizaciones como Madres de Soacha y Mujeres Caminando por la Verdad, han expuesto ante la JEP y cortes internacionales cómo el Estado priorizó el silencio sobre la justicia, cuestionando así el Estado a quién sirve realmente.
En cada hueso desenterrado, en cada mural repintado, las mujeres escriben una contrahistoria. La consigna «Las cuchas tienen razón» no solo desnuda la hipocresía de un Estado que glorifica y encubre a victimarios, sino que afirma que la memoria —frágil, persistente— es un territorio que el poder no puede conquistar. Las mujeres buscadoras son el ejemplo de cómo la organización del pueblo puede ir ganando batallas contra los aparatos estatales, que benefician a los grandes ricos del país y que mantienen ilesos los intereses imperialistas en nuestra región.