Reproducimos el siguiente artículo de la prensa popular y democrática Periódico Mural
El pasado 5 de marzo tras recibir la llamada anónima de un sobreviviente que logró escapar, el colectivo Guerreros Buscadores realizó el hallazgo de un campo de exterminio ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, tan solo a una hora de Guadalajara. El descubrimiento inicial que hicieron las familias buscadoras es impresionante, en un principio se pudo documentar al menos 400 pares de zapatos -tanto de hombres como de mujeres-, además de prendas de vestir, gorras, bolsas, mochilas, entre otros objetos. Además, se pudo evidenciar la existencia de al menos tres hornos crematorios, restos óseos e incluso algunas notas, recados de despedida y listas con apodos de las víctimas. Un verdadero Auschwitz mexicano.
En el rancho con una dimensión aproximadamente 10 mil metros cuadrados se identificaron también áreas destinadas para el adiestramiento militar, donde se apreciaban llantas, instalaciones con alambres de púas y campos de tiro donde las personas reclutadas eran obligadas a entrenar, pelear y asesinarse entre sí en una auténtica práctica contrainsurgente muy propia de los ejércitos mercenarios formados por la CIA y fuerzas de élite alrededor del mundo.
Dicho lugar había sido cateado por elementos del ejército mexicano y la guardia nacional apenas en septiembre de 2024, fecha en la cual fueron liberadas dos personas aparentemente secuestradas, logrando la detención de 10 integrantes del grupo criminal y la incautación de un pequeño arsenal de combate que contaba con fusiles de asalto, armas cortas, municiones, granadas de fragmentación, chalecos y vehículos blindados. En teoría el lugar se encontraba bajo aseguramiento de las autoridades federales, lo que hace que la población en todo el país se pregunte ¿Cómo llegamos a este punto?
La complicidad del Estado
De acuerdo a la narrativa del testigo sobreviviente que contactó a las familias buscadoras, en el lugar eran retenidos contra su voluntad cientos de jóvenes provenientes del estado de Jalisco y otras entidades, quienes eran reclutados por un grupo criminal a base de engaños como ofertas de empleos con salarios atractivos y prestaciones que jamás existieron.
Esta es una variante de la práctica criminal denominada “matanza de cerdos” o “pig butchering» que se opera en diversos países a través de redes sociales, aplicaciones u otros medios para realizar crímenes que van desde la estafa financiera y el secuestro, hasta la leva, como se ha documentado en nuestro país.
En el México verdadero -el cual contrasta con el México imaginario de la “cuarta transformación” y sus programas asistenciales que nada resuelven- la falta de oportunidades orilla a los jóvenes de los sectores populares a ser víctimas fáciles de estas falsas alternativas que encuentran a través del internet o presuntos “call center” cuyo objetivo esencial es realizar leva o reclutamiento forzado de jóvenes para diversas actividades al servicio de la delincuencia organizada. Lamentablemente casos como este hay muchos más, y no todos alcanzan a ser conocidos.
Los grupos criminales operan evidentemente con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, como lo refleja el campo de exterminio de Teuchitlán, aunque hoy distintos politicastros incluyendo al presidente municipal, el fiscal del estado y el mismo gobernador de Jalisco salgan a deslindarse o negar haber tenido conocimiento de los hechos. Esto, más la previa intervención de las fuerzas armadas en el rancho y el presunto aseguramiento del inmueble, lleva nuevamente a las madres y familias buscadoras de todo el país a asegurar lo que tantas veces se ha dicho: ¡fue el Estado!
Efectivamente, el Estado mexicano es responsable de estos hechos que se reproducen una y otra vez llenando el territorio nacional con al menos 5 mil 698 fosas clandestinas documentadas desde diciembre de 2006 hasta abril de 2023 en que dejó de documentarse por órdenes de AMLO y que evidentemente ha crecido en los últimos 23 meses. Así mismo existe una crisis forense en la identificación de cuerpos cerrando el sexenio de AMLO con 72,100 casos sin identificar, más los que se habrán sumado desde octubre de 2024 hasta la fecha. Aunado a ello la cifra de desapariciones hasta el pasado 11 de marzo alcanzó las 123 mil 808 víctimas directas, sin obviar el hecho de que en los primeros ciento sesenta y dos días de gobierno Claudia Sheinbaum ha sumado al menos 6,726 personas desaparecidas.[1]
Conclusiones
La existencia del campo de exterminio de Teuchitlán es un hecho impactante y para nada es un caso aislado. En realidad, confirma que en nuestro país existe una guerra reaccionaria contra el pueblo que ha ido desbordando crímenes en masa mostrando el grado que ha alcanzado esta ola de violencia reaccionaria. Es por ello que consideramos que este hallazgo debe leerse desde otros hechos similares como la Masacre de San Fernando en agosto de 2010 o la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, entre otros.
Esta guerra reaccionaria contra el pueblo tiene una larga data y ha atravesado por al menos tres etapas claras en su desarrollo. Su primera fase comenzó en la década de los 60 del siglo XX con la denominada “guerra sucia”, que fue en esencia una guerra contrainsurgente contra el movimiento armado socialista en nuestro país, continuada hasta mediados de los años 80. La segunda fase comenzó con el inicio de la “guerra contra el narco”, orquestada por el fascista Felipe Calderón en diciembre de 2006 y continuada por Enrique Peña Nieto. La tercera fase aún vigente comenzó con la legalización de la militarización del país y la creación de la “guardia nacional” como cuarto cuerpo de ejército reaccionario, hecho encabezado por Andrés Manuel López Obrador y continuado hasta hoy por Claudia Sheinbaum Pardo.
Ante esta situación es indispensable que los trabajadores y los pueblos de México entendamos que esta guerra reaccionaria apunta contra nosotros, contra nuestros hijos y contra nuestras familias. La composición de clase de la inmensa mayoría de las víctimas de homicidios, feminicidios, desapariciones y otras expresiones de violencia está situada en las masas trabajadoras de la ciudad y el campo. Dicho en otras palabras: las víctimas las pone el pueblo.
En ese sentido, la convocatoria a la jornada de vigilia y luto nacional convocada por colectivos de madres y familias buscadoras en todo el país para este sábado 15 de marzo simultáneamente a las 17:00hrs es algo bueno, una acción digna de ser replicada y acompañada por las diversas expresiones del movimiento popular, extendiendo la firme y correcta posición de rechazar la participación de partidos y organizaciones electoreras que son parte del sistema y por tanto, son cómplices de esta barbarie.
Esto último ya va planteando en la práctica la necesidad de unificar la lucha de las madres y familias buscadoras con la lucha democrática-revolucionaria que plantea no la reforma, sino la caída de este viejo y podrido Estado terrateniente-burocrático, culpable de todos los males que pesan sobre el pueblo.
Saludamos esta jornada de vigilia y luto nacional y nos unimos a ella exigiendo la presentación con vida del Dr. Ernesto Sernas García y la abogada feminista Sandra Estéfana Domínguez Martínez, ambos desaparecidos por el Estado mexicano en Oaxaca desde el 10 de mayo de 2018 y el 4 de octubre de 2024, respectivamente.
Desde nuestra trinchera estamos convencidos que es necesario trabajar por la formación del Frente Único capaz de frenar la guerra contra el pueblo, mejorando la correlación de fuerzas en la perspectiva de la revolución que este país necesita. Dicho frente no puede ser ni electorero ni economicista, sino una plataforma de unidad y lucha que ponga por delante la defensa de los derechos del pueblo.
Notas
- Todas las cifras son tomadas de fuentes oficiales como Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la Secretaría de Gobernación. Pueden ser cifras maquilladas.
