¡Tomar todas las tierras del latifundio! ¡Muerte al imperialismo!

En este mes conmemoramos aquel 21 de febrero de 1971 que pasó a la historia como símbolo de lucha campesina. Ese día, el campesinado de Colombia, organizado bajo la guía de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -línea Sincelejo1– protagonizó tomas de tierras simultáneas por todo el país. La cifra de haciendas recuperadas es incierta, pero fueron al menos 600; algunos hablan incluso de 1000. Este hito plasmó en los hechos las palabras de orden de la lucha campesina: «la tierra es pa’l que la trabaja». La conmemoración de este día no se enmarca tan solo en una celebración de hazañas pasadas, sino que enuncia la herencia que el movimiento campesino debe retomar para avanzar en resolver los problemas estructurales de la Nación.
El problema estructural: la propiedad de la tierra
La corona española en la época de la conquista y la colonia implantó un régimen feudal cuya base fue el monopolio feudal de la tierra. Los diferentes procesos económicos y políticos vividos en el campo colombiano y en el territorio nacional, entre ellos el desplazamiento forzado sistemático del cual ha sido víctima la población campesina de nuestro país, no se corresponde con el nacimiento de una vigorosa burguesía agrícola y de un proletariado propiamente dichos. Por el contrario, estas olas de despojo de tierra a la población campesina han fortalecido las viejas oligarquías rurales y han dado continuidad a la propiedad feudal de la tierra. La explotación de la clase terrateniente sobre el campesinado continua con nuevas formas semifeudales.
La base del problema es, y ha sido siempre, la estructura de propiedad de la tierra. Las cifras son contundentes. Según el informe «Fragmentación y distribución de la propiedad rural en Colombia» del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los latifundios, entendidos como predios de más de 200 hectáreas, representan apenas el 0,8% de los predios rurales con vocación agrícola, pero abarcan nada menos que el 44% de las hectáreas. En el extremo opuesto, el 65,8% de los predios son microfundios de menos de 3 hectáreas, que apenas comprenden el 4% del territorio. Otra medición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que el 52,2% de los predios agrícolas son latifundios, considerando una medida superior a las 500 hectáreas, y están en manos de un poco más del 1% de los propietarios. Esta estructura de concentración no es un dato frío: es la base material de la opresión.
Relaciones de servidumbre en el campo
La explotación del campesinado se expresa fundamentalmente a través de relaciones semifeudales que perpetúan su sometimiento a terratenientes y grandes burgueses. Estas relaciones operan mediante mecanismos que van desde, por ejemplo, los administradores de fincas, donde trabaja toda la familia, toda la semana sin descanso, a cambio de un solo salario, muchas veces inferior al mínimo. La familia campesina accede porque, como «atractivo extra» de este trabajo, el terrateniente le permite criar animales, le «regala» una cantidad de leche o le asigna una parcela para cultivar.
Otro ejemplo muy común es que el terrateniente «permite» que el campesino trabaje por un tiempo una parcela de su tierra a cambio de dejarla apta para la producción agropecuaria. En otros casos, el campesino limpia el monte para las vacas del terrateniente y recibe como pago la madera que él mismo cortó, la cual, mediante un trabajo intenso de toda la familia, puede convertir en carbón vegetal que no le alcanza para subsistir.
La agroindustria representa apenas el 7% del total de hectáreas con vocación agropecuaria en Colombia y constituye la plantación de grandes extensiones de monocultivos, principalmente de palma, caña y banano. En ella, los pagos son a destajo, las condiciones de trabajo son totalmente precarias y las jornadas superan el pago recibido. Esta agroindustria también se alimenta de los pequeños parceleros que nutren con su producción los centros de acopio, recibiendo ellos apenas lo suficiente para subsistir.
El panorama del campo colombiano presenta entonces a un campesinado en constante ruina, obligado a someterse a la opresión de la clase terrateniente, a quien, además, en «agradecimiento» por permitirle trabajar, le regala aún más de su trabajo arreglando cercas, atendiendo animales o realizando cualquier labor agrícola que surja. Como si eso no bastara, se convierte también en botín político del terrateniente, sometiendo sus posiciones, opiniones y su voto a la voluntad de este.
Esto no sería posible sin el monopolio feudal de la tierra que la clase terrateniente ejerce. Precisamente a esto se referían los compañeros de la ANUC cuando, defendiendo la toma de tierras, planteaban: «Las tomas de tierra no son sino una protesta consciente de los campesinos por la situación inhumana de miseria y pobreza en que han tenido que vivir por culpa de la injusta distribución de la propiedad de la tierra. Los campesinos sin tierra hemos sido explotados durante siglos, engañados con promesas electorales y llevados a pelear entre nosotros mismos»2.
El fracaso de la reforma agraria
Hoy, como en 1968, asistimos a otro fracaso de la prometida reforma agraria. La meta, heredada del gobierno de Santos y no modificada por el actual, era comprar 1.5 millones de hectáreas para entregar a campesinos. Hasta ahora, el gobierno ha cumplido con 19% de esa meta: 278.000 hectáreas adquiridas mediante compra directa. Incluyendo tierras de la SAE o del Fondo de Víctimas, la cifra alcanza las 446.000 hectáreas. De estas tierras tan solo se han dado a los campesinos 63.493 en entrega definitiva a febrero 2026.
Para dimensionar la pobreza de esta cifra, basta compararla con la magnitud del despojo y la tierra ociosa. Según el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, el despojo supera todos los cálculos. Si bien la Ley 1448 de 2011 partía de una base de 8 millones de hectáreas despojadas, hoy se habla de 12 millones. Las 63.493 hectáreas en entrega definitiva representan apenas el 0.5% de lo despojado. Al mismo tiempo, Colombia tiene 16 millones de hectáreas aptas para cultivar que permanecen ociosas. Así que lo entregado equivale también a menos del 0.4% de esa tierra improductiva.
El problema de fondo es que una «reforma agraria» a cuentagotas no resuelve la estructura del latifundio. Su único efecto es contener la fuerza del campesinado con migajas y promesas, mientras se mantiene intacto el poder de la clase terrateniente.
Comprar no es lo mismo que expropiar
La política de «venta voluntaria» no es nueva. Repite la fórmula del Banco Mundial de los años 90: el Estado negocia con el terrateniente pagando a precio de mercado. Es decir, le pagamos al latifundista para que, «generosamente», nos devuelva lo que nunca debió arrebatar. El proceso es tan lento y burocrático que, mientras se «negocia», el campesino sigue esperando y el latifundio respira tranquilo. Este modelo de «reforma agraria asistida por el mercado» es un fracaso anunciado, probado en Paraguay, Brasil y ahora en Colombia: no se toca el latifundio, no se expropia, no se rompe el monopolio de la tierra.
El caso de Caloto (Cauca) es emblemático. La ANT compró 23 predios de Alberto Bernal Seijas, condenado por la masacre de El Nilo en 1991. A través de testaferros, la familia Bernal recibió $18.516 millones por 285 hectáreas que el movimiento indígena ya había recuperado de hecho tras 20 años de lucha. El Estado terminó pagándole a quienes perpetuaron la masacre por unas tierras que en la práctica ya no le pertenecían.
En San Marcos (Sucre) se compraron 13 predios a Agrolonja Ltda. en zonas de alto riesgo de inundación. En dos de ellos, la mayoría de la tierra era inutilizable, y en otros dos, la compra se ordenó sin los estudios agronómicos ni control de calidad previos. Se giraron $20.795 millones por 795 hectáreas. Lejos de debilitar al latifundio, estas compras lo fortalecen, inyectándole recursos millonarios a cambio de tierras improductivas.
Para barrer con las relaciones de atraso, es necesario acabar con el latifundio, con su poder económico, político y militar. Y esto no se hace a punta de firmar en notaria pública que no se va a expropiar ninguna hectárea, como hizo Petro durante campaña para ganarse la aprobación de los terratenientes, muy al contrario, es fundamental que el campesinado tome todas las tierras del latifundio.
El latifundio como reserva del imperialismo
La lucha por la tierra no es solo un problema interno; está intrínsecamente ligada a la dominación imperialista. Los compañeros de la ANUC lo entendían perfectamente en 1971, cuando declararon:
«Las tomas de tierra no son sino una protesta consciente de los campesinos por la situación inhumana de miseria y pobreza en que han tenido que vivir por culpa de la injusta distribución de la propiedad de la tierra. Los campesinos sin tierra hemos sido explotados durante siglos, engañados con promesas electorales y llevados a pelear entre nosotros mismos en nombre de banderas azules o rojas. Llamamos a la unidad de todo nuestro pueblo explotado en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo que son nuestros enemigos principales. La tierra que hoy ha sido recuperada por nuestros compañeros, es del pueblo, jamás la devolveremos a la oligarquía» .
Hasta aquí hemos mencionado uno de los problemas estructurales de nuestra nación: la concentración de la tierra. Pero este problema obedece a otro también estructural: la dominación imperialista. En el mundo existe un pequeño puñado de países, los países imperialistas, que oprimen al resto, los países colonias y semicolonias. Al respecto, Stalin menciona: «La exportación intensificada del capitalismo a las colonias y los países dependientes; la extensión de las ‘esferas de influencia’ y de los dominios coloniales, que llegan a abarcar todo el planeta; la transformación del capitalismo en un sistema mundial de esclavización financiera y de opresión colonial de la gigantesca mayoría de la población del Globo por un puñado de países ‘adelantados’; todo esto ha dividido a la población del planeta en dos campos: el de un puñado de países capitalistas ‘adelantados’, que explotan y oprimen vastas colonias y vastos países dependientes, y el de la enorme mayoría de colonias y países dependientes, que se ven obligados a luchar por liberarse del yugo imperialista»3.
Nuestro país es precisamente una semicolonia, principalmente dominada por el del imperialismo yanqui. Al sufrir la dominación imperialista, las viejas relaciones feudales no desaparecieron, sino que aún perviven por injerencia e interés del imperialismo, como forma de realizar su dominación. Algo similar sucedió en China. Mao Tse Tung lo describe así: «El imperialismo se alía en primer término con las capas dominantes del régimen social precedente —los señores feudales y la burguesía comercial-usurera—, contra la mayoría del pueblo. En todas partes, el imperialismo intenta preservar y perpetuar todas aquellas formas de explotación pre-capitalistas (particularmente en el campo), que son la base de la existencia de sus aliados reaccionarios»4.
El interés fundamental del imperialismo es la superexplotación de nuestros pueblos: obtener materias primas baratas y mantener los salarios más bajos que en sus países de origen. Esta superexplotación descansa directamente sobre la ruina económica del campesinado. Un campesinado sin tierra, o con tierra insuficiente, se ve obligado a producir los alimentos de la canasta familiar a precios de miseria y a engrosar las filas de mano de obra superexplotada en las ciudades y en los megaproyectos. Los bajos costos de los alimentos, basados en esta ruina, son la base para mantener deprimidos los salarios de toda la clase trabajadora.
Esta ruina campesina, condición necesaria para el saqueo imperialista, solo es posible gracias al monopolio de la tierra en manos de los terratenientes y las relaciones de servidumbre. El campesino está cercado por el latifundio, no tiene tierra o tiene tierra de muy baja calidad y escasa para prosperar. Por tanto, se ve obligado a someterse al yugo del terrateniente, la gran burguesía y el imperialismo. El latifundio es imprescindible para el imperialismo. Por eso lo mantiene, alienta y protege. Es agente del imperialismo, garantiza tierra y producción agrícola a costos que permiten extraer la ganancia máxima, oprimiendo al campesinado y facilitando el saqueo de nuestros recursos. También es imprescindible para la gran burguesía nacional, garantizándole ganancias mediante la exportación de productos agrícolas y mineros, producción de alimentos a bajo costo y un flujo constante de mano de obra barata.
Por eso el imperialismo y la gran burguesía se empeñan en entregar a los latifundistas todos los medios para conservar su propiedad. Ellos son cómplices y artífices de los más grandes crímenes contra el campesinado. El paramilitarismo es expresión y fruto del interés por mantener el monopolio sobre la tierra .
Estos problemas estructurales, la dominación imperialista y la concentración de la tierra, están estrechamente relacionados. No es casualidad que la ANUC llamara a la unidad del pueblo contra el imperialismo. Por la lucha contra los terratenientes, pero también por la lucha contra el imperialismo que se expresó aquel 21 de febrero con las cientos de tomas de tierras alrededor del país, es que celebramos este día como el día de la lucha campesina.
Hacia la revolución agraria
La bandera de la lucha por tierra para quien la trabaja, levantada por la ANUC, sigue vigente. Nace de la vida campesina, de su permanente ruina al estar cercado por el latifundio y tener que someterse a los dueños de la tierra por miserias apenas suficientes para sobrevivir. Es una bandera vigente y revolucionaria, pues dirige la furia campesina cultivada durante siglos contra el terrateniente, agente directo del imperialismo en nuestro país, pilar de su dominación.
El camino del campesino para conquistar la tierra es el camino que siguió la ANUC línea Sincelejo: tomar las tierras de los terratenientes, en vez de esperar que las promesas de reforma agraria se cumplan. Con la lucha revolucionaria por la tierra, el campesinado y el pueblo en nuestro país tienen que construir también el camino para derrotar la dominación imperialista y la subyugación de la gran burguesía.
La consigna de «la tierra es pa’l que la trabaja» nos tiene que llevar a la consigna de ¡tomar todas las tierras del latifundio!, y esta a su vez nos llevará a la consigna de ¡muerte al imperialismo!

Notas:
1. Sobre la línea Sincelejo y la línea Armenia, Nueva Democracia, en su artículo ¡A tomar todas las tierras del Latifundio! plantea: “La unidad del pueblo en contra de las clases dominantes, solo podría ser lograda mediante la división con los sectores que seguían al gobierno y estaban en contra la lucha independiente y combativa. Es así como la ANUC se divide en dos líneas, la línea Armenia, que era la oficialista y burocrática, dirigida por oportunistas y logrando embaucar a unas cuantas masas confundidas. Y la línea Sincelejo que revindicaba que fueran los mismos campesinos por las vías de hecho quienes harían la reforma agraria”.
2. . Anuc 1971, reproducido en Meertens, Donny, Ensayos sobre tierra, violencia y género, Universidad Nacional, 2000, pp. 237-238.
3. J. V. Stalin, Los fundamentos del leninismo, OC, Lenguas extranjeras, Moscú, 1953 versión digital T. XI, pp. 33-34, negrillas nuestras.
4. Presidente Mao, La revolución China y el Partido Comunista de China,OE, Ediciones en Lenguas Extranjeras de Pekin, T. 2, p. 323, negrillas nuestras.
