El abogado reaccionario Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el 21 de junio, derrotando al candidato de la falsa izquierda, Iván Cepeda, por un margen inferior al 1%. El conteo oficial, que abarcó el 99,99% de las mesas informadas, consolidó la victoria del candidato del partido «Defensores de la Patria» con 12.959.542 votos, lo que representa el 49,66% del total, superando al candidato del partido «Pacto Histórico», que obtuvo 12.708.712 votos, es decir, el 48,70%. Los comicios, marcados por denuncias de delitos electorales y una profunda crisis política, colocaron al país bajo una nueva gerencia que promete un retorno descarado a la «política de seguridad» alineada con los intereses de los Estados Unidos (EE.UU.) para la región.
Aunque a lo largo de la campaña De la Espriella se caracterizó por un discurso beligerante contra la «izquierda», utilizando su plataforma para atacar al gobierno del oportunista Gustavo Petro, sus primeras declaraciones tras la confirmación de la victoria adoptaron un tono supuestamente moderado. En un mitin en la Ventana al Mundo, en Barranquilla, el presidente electo afirmó: «A partir de este momento, termina la campaña electoral, terminan los eslóganes, terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria».
El intento de construir una retórica de «unidad nacional» contrasta con el historial de su discurso belicoso y con las medidas reaccionarias anunciadas. De la Espriella declaró que «no habrá vencedores ni vencidos», invocando el artículo 188 de la Constitución para justificar su supuesta posición como símbolo de la unidad nacional. Sin embargo, acto seguido, dirigió amenazas a su oponente: «Al Sr. Petro y a su heredero, les digo: respeten la voluntad del pueblo colombiano. […] Petro y Cepeda, al ignorar el veredicto de las urnas, no están desafiando a ‘El Tigre'».
El llamado a la moderación sirve de fachada para la implementación de una agenda reaccionaria contra los derechos de las masas colombianas. El nuevo gerente de turno aseguró que el senador Iván Cepeda tendrá garantías para ejercer el papel de oposición, pero impuso una condición: «no toleraré ninguna conducta de su parte que tenga como fin promover violencia, miedo y falta de respeto a las instituciones». La advertencia a los observadores internacionales para que emitan informes rápidos indica una preocupación por legitimar la elección frente a un contexto de sospechas de fraude, mientras prepara el terreno para reprimir cualquier manifestación de descontento popular.
A diferencia del discurso de austeridad predicado durante la campaña, las arcas del gobierno serán drenadas para reembolsar a los candidatos. Conforme a la Ley 996 de 2005, el viejo Estado colombiano reembolsa los gastos electorales a quienes superan el 4% de los votos válidos. Abelardo de la Espriella, con su votación, garantizó el reembolso íntegro de 10.025 millones de pesos (R$ 15,1 millones) declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El candidato derrotado, Iván Cepeda, también recibirá el reembolso, con gastos declarados de 10.403 millones de pesos. El mecanismo expone el alto costo de la farsa electoral, financiado con recursos públicos bajo la justificación de «apoyo a la democracia».
El supuesto candidato «fuera del sistema»
Aunque De la Espriella se haya posicionado como el representante de lo «nunca antes visto» contra el establishment, su ascenso sigue el libreto de la extrema derecha que ha prevalecido en países como Argentina y Chile. Según Alessandro Iácono, especialista en estrategia electoral, consultado por el monopolio de prensa colombiano El Tiempo, la campaña fue diseñada de forma profesional, utilizando masivamente las plataformas virtuales, grupos de WhatsApp y contenidos generados por inteligencia artificial, que difundían mensajes altamente emotivos. La estrategia buscaba capturar el descontento de las masas, creando una comunidad moldeada con técnicas de marketing multinivel.
La apropiación simbólica también formó parte de la táctica. Al igual que el bolsonarismo hizo en Brasil, el uso de la camiseta de la selección colombiana y el eslogan «Firme por la Patria» fueron fundamentales para construir una imagen de patriota, ocultando su trayectoria de abogado penalista presente en los círculos de la oligarquía. Iácono afirmó que De la Espriella «fue muy bien asesorado, y su campaña, en comparación con la de Cepeda, pareció mucho más profesional. Toda la estrategia lo posicionó como el representante de lo ‘nunca antes visto'». La eficacia de estos métodos digitales superó la capacidad de movilización del llamado Pacto Histórico en las semanas finales, consolidando la victoria del «Tigre».
Para completar el teatro electoral y atraer al electorado de la capital, De la Espriella designó al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, como su vicepresidente. La maniobra buscaba dar una apariencia de estabilidad técnica al proyecto de extrema derecha. El discurso de «mano dura» contra la criminalidad, que promete la construcción de megacárceles y la militarización extrema de la seguridad, fue el eje central de su comunicación. Esta retórica busca apelar al miedo de las masas, desviando la atención de la falta de respuestas estructurales a la crisis social que atraviesa el país.
Un historial marcado por relaciones con paramilitares
La trayectoria de Abelardo de la Espriella es inseparable de los sectores más oscuros de la vida pública colombiana. Tras actuar como representante de músicos, el abogado encontró su nicho a principios de los años 2000, durante el gobierno fascista del también abogado Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que promovía el llamado Acuerdo de Santa Fe de Ralito con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC fueron un grupo paramilitar creado para proteger intereses del latifundio, siguiendo las directrices contrainsurgentes. Según relata el antropólogo Reyes, De la Espriella «entra en el universo paramilitar a través de un antropólogo de Montería que enseñaba geopolítica, buenas maneras e historia a Carlos Castaño, líder de las AUC».
Fue en ese ambiente de individuos con gran poder adquisitivo y necesidades jurídicas urgentes, a menudo acusados de delitos graves, donde el abogado encontró clientes ideales. El periodista Daniel Coronell, que investigó el crecimiento de De la Espriella Lawyers Enterprise para la revista Semana, afirma que el salto económico fue notable. El bufete, que comenzó siendo pequeño en Bogotá, despegó tras asumir la defensa de los llamados «parapolíticos», parlamentarios financiados por paramilitares. La facturación saltó de 11 millones de pesos a 2.000 millones en 2006, un salto de casi un millón de dólares de la época, evidenciando cómo la defensa de sectores reaccionarios funcionó como motor de su fortuna.
De la Espriella defendió a políticos condenados por la llamada «parapolítica», como Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Rocío Arias. Además, actuó en casos de gran repercusión, como la defensa de David Murcia Guzmán, mentor del esquema financiero DMG, pirámide financiera que dejó a 200.000 víctimas arruinadas. Murcia Guzmán declaró recientemente que el abogado fue un «ladrón» y «traidor», acusándolo de exigir 760 millones de pesos para influir en congresistas antes de abandonarlo. En otra ocasión, el narcoparamilitar Juan Carlos Tuso Sierra alegó que el abogado pidió un millón de dólares para garantizar beneficios en el sistema de justicia transicional, aunque De la Espriella lo haya negado.
El propio De la Espriella describió a su clientela como la «ideal», compuesta por individuos con gran poder adquisitivo y necesidades urgentes, dispuestos a pagar altos honorarios que, según él, llegaron a tres millones de dólares. El periodista Ángel Becassino señala que esa clientela fue la base para la construcción de su patrimonio, que hoy incluye una colección de empresas, marcas de ron, vino y un bufete de abogados de gran visibilidad. La retórica de «empresario de éxito» ignora, sin embargo, que parte de esas empresas, según investigaciones de La Silla Vacía, acumula deudas y pérdidas.
El patrimonio de De la Espriella, estimado en unos 19.000 millones de pesos colombianos, refleja su posición de clase en la sociedad colombiana. Posee tres nacionalidades: colombiana, estadounidense e italiana, y mantiene conexiones profundas con el capital financiero imperialista.
En junio de 2026, 11 congresistas demócratas estadounidenses enviaron una carta solicitando la investigación del origen de los fondos de sus inversiones en territorio estadounidense. Las sospechas sobre la legalidad de los recursos y las relaciones con el paramilitarismo permanecen como una sombra sobre el inicio de su mandato presidencial.
La realidad de las masas bajo el latifundio
La euforia electoral contrasta brutalmente con la miseria que asola el campo colombiano, cuestión que permaneció al margen del debate. Datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), presentados por su director Gustavo Marulanda, confirman que el 10% de los propietarios controla el 82% de las tierras productivas. Ese índice de Gini de 0,89 revela la raíz de la violencia: el latifundio agroexportador que expulsa al campesino y concentra la riqueza. Ni el proyecto de represión de De la Espriella, ni la política de represión con promesas de mejoras paliativas del gobierno actual tocan la estructura fundiaria semifeudal.
El resultado de la segunda vuelta no presentó ninguna respuesta estructural a la concentración de la tierra, a la pobreza rural ni a la violencia que asola el campo colombiano. La primera vuelta ya había demostrado el abismo existente entre la disputa electoral y las masas: de los más de 41,4 millones de colombianos habilitados, solo 23,9 millones acudieron a las urnas. Mientras tanto, más de 17,4 millones, o el 42,12% del electorado, simplemente no votaron. En las elecciones legislativas de marzo, la participación apenas superó el 50%, manteniendo prácticamente a la mitad de la población alejada de las urnas, una tendencia consolidada desde años anteriores, cuando la abstención alcanzaba el 51,25%.
