por Laura Gutiérrez
Más de 400 personas, entre ellas niños, adultos mayores, madres cabeza de hogar y mujeres embarazadas, ocuparon terrenos públicos en el municipio de Palermo, Huila, en busca de una alternativa ante las dificultades que enfrentan para acceder a una vivienda digna.
Las familias aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir el arriendo, la alimentación y otras necesidades básicas. Para muchos de los ocupantes, la decisión de instalarse en estos terrenos representa una salida desesperada frente a una situación económica que, según sostienen, las autoridades no han logrado resolver.
La comunidad realizó un primer intento de ocupación, el pasado 2 de agosto, cuando funcionarios municipales y la Policía realizaron el desalojo de las familias.
Una semana después, varios grupos intentaron regresar a los terrenos y se presentaron enfrentamientos entre integrantes de la comunidad y miembros de la Fuerza Pública este pasado 8 de agosto.
Durante estos hechos, una persona de la comunidad resultó gravemente herida por un disparo. La Defensoría del Pueblo señala que la bala habría sido disparada por un integrante del Ejército perteneciente al Batallón de Artillería de Campaña N.º 9 Tenerife y, en un pronunciamiento, alertó que la participación de unidades militares en procedimientos relacionados con desalojos no corresponde a sus competencias constitucionales.
Durante los hechos también fueron capturadas dos personas. Según la información disponible, los detenidos estarían siendo acusados por alteraciones del orden público, agresiones a servidores públicos e invasión de tierras. La comunidad, por su parte, sostiene que se trata de personas que participaban en la movilización por el derecho a la vivienda y cuestiona la manera en que fueron realizadas las capturas.
La invasión de terrenos está recibiendo un trato exclusivamente militar y, además, se organizó una reunión para explicarle a la comunidad las supuestas opciones de vivienda con las que cuenta, desconociendo totalmente la crisis de vivienda en el departamento y, además, la enorme corrupción, los constantes incumplimientos y los engaños a los que se ve enfrentada la población.
Uno de los antecedentes que evidencia las dificultades en la ejecución de programas de vivienda rural en el Huila está relacionado con una auditoría de la Contraloría General de la República al Banco Agrario, en la que se encontraron hallazgos con posible incidencia fiscal por $11.488 millones en proyectos de Huila y Cundinamarca y, específicamente, una posible pérdida de cerca de $3.000 millones en proyectos de vivienda de interés social rural en Tarqui y Suaza, destinados a beneficiar a 289 hogares. Según la Contraloría, los recursos fueron desembolsados, pero los proyectos no tenían ningún un avance físico real al vencimiento del plazo de ejecución, además de señalarse deficiencias en los controles del Banco Agrario y posibles irregularidades en la contratación. En uno de estos casos, relacionado con recursos por cerca de $3.048 millones, garantías de Seguros Confianza, un tribunal en Bogotá resolvió hace tres semanas a favor de la aseguradora, al considerar que había vencido el término legal para presentar la reclamación, por lo que no estudió de fondo los posibles incumplimientos contractuales.
También es necesario recordar que en 2024 se suspendieron los subsidios del programa Vivienda Ya, lo que agravó la situación al frenar la asignación de apoyos destinados a la vivienda de interés social. Así mientras se desconoce la profunda crisis habitacional y se deja en libertad y sin ninguna penalización a las grandes empresas constructoras y aseguradores que roban los recursos públicos destinados a vivienda, se dispara y criminaliza al pueblo que lucha por su derecho su legítimo derecho a una vivienda digna.
