por Benjamín
La Universidad de Antioquia (UdeA) fue el punto de partida de una movilización estudiantil que este 23 de septiembre recorrió las calles de la ciudad. La marcha ingresó al Tecnológico de Antioquia (TdeA), al Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), a la sede Robledo de la UdeA, y a la Universidad Nacional sede Medellín, lugares donde se realizaron discursos explicando las razones de la movilización e invitando a toda la comunidad universitaria a unirse a la lucha.
La protesta se produjo debido al anuncio del presidente Abelardo De la Espriella sobre la creación de un protocolo nacional para regular la actuación de la policía dentro de las universidades. El anuncio, realizado el 13 de septiembre, provocó reacciones de estudiantes, profesores, rectores y organismos de control por las implicaciones que podría tener para la autonomía universitaria y el ejercicio de la protesta.
El detonante: qué dijo De la Espriella
Durante una alocución presidencial del 13 de septiembre, De la Espriella sostuvo que la autonomía de las universidades no podía impedir la actuación del Estado frente a hechos que el Gobierno considere violentos o delictivos.
“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable”, afirmó Abelardo y acto seguido ordenó «establecer un protocolo nacional de actuación, que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades». Finalmente amenazó al movimiento estudiantil cuando afirmó que “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. Refiriéndose a aquellos estudiantes que el gobierno considere como “vándalos” o “terroristas”, “quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la Policía”.
El debate sobre la legitimidad de la protesta
Para los estudiantes que participaron en la movilización de Medellín, el anuncio presidencial constituye una amenaza contra la autonomía universitaria y una forma de criminalización de la protesta estudiantil. Esa fue precisamente la denominación utilizada para convocar la marcha del 23 de septiembre.
La preocupación también se ha expresado desde sectores académicos. El claustro de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia se reunió el 17 de septiembre para pronunciarse sobre el anuncio presidencial. El documento aborda tanto el uso de la fuerza para enfrentar hechos violentos dentro de las universidades como los argumentos constitucionales y legales que deberían tenerse en cuenta para cualquier protocolo que habilite el ingreso de la policía.
El debate también llegó a los medios universitarios. De la Urbe, publicación de la Universidad de Antioquia, dedicó un episodio de su programa “Hablalo #84” a la discusión sobre autonomía universitaria, protesta estudiantil, la llamada Ley Anticapuchos y las declaraciones presidenciales sobre el papel de la policía dentro de las universidades.
También la Defensoría del Pueblo intervino en la discusión antes de la movilización de Medellín. El organismo sostuvo que cualquier medida relacionada con la actuación de la policía en las universidades debe preservar simultáneamente la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos de todas las personas. La Defensoría recordó que la autonomía universitaria está consagrada en el artículo 69 de la Constitución, pero aclaró que no significa que las universidades sean territorios excluidos de la ley. Al mismo tiempo, señaló que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles y las expresiones de disenso político no constituyen por sí mismas razones para justificar el ingreso de la policía a los campus.
“La acción violenta no es toda igual, es justa la del pueblo buscando libertad”, ha sido una consigna que, durante décadas, el movimiento estudiantil ha cantado en las marchas, asambleas, protestas y eventos de lucha estudiantil. Esta consigna, lejos de ser un simple cántico, refleja una posición política diametralmente opuesta a la del gobierno y las instituciones, porque con ella, el estudiantado está expresando que la protesta combativa, el bloqueo de calles, la legítima defensa contra las agresiones policiales, entre otras acciones, son justas, aunque impliquen el uso de la violencia y la perturbación del orden, y lo son porque persiguen el objetivo de defender y conquistar derechos para el pueblo, así como la búsqueda de una nueva sociedad.
“Si los medios son del Estado, las paredes son del pueblo”, ha sido otra consigna ampliamente cantada, con la cual el estudiantado defiende a aquellos estudiantes que usando aerosoles rayan las paredes de bancos, estaciones de transporte público, instituciones estatales, almacenes de cadena, entre otros blancos que suelen ser rayados durante las movilizaciones estudiantiles, con todo tipo de mensajes alusivos a la protesta, a la lucha popular y a la necesidad de una revolución.
Así pues, uno de los debates que se plantean, en el fondo de esta situación, es sobre el derecho a la protesta y las características de esa protesta. Las clases dominantes y sus gobiernos, prometen “garantizar el derecho a la protesta” pero siempre y cuando sea “pacífica” y “no afecte el orden público”. Las clases dominantes no quieren protestas que bloqueen vías e impidan al normal funcionamiento de la economía, no quieren protestas que afecten las fachadas de sus instituciones, no quieren estudiantes combativos dispuestos desafiar la represión y enfrentarse a la policía para defender y conquistar sus derechos. En últimas, cuando el Estado, sus instituciones y medios de comunicación hablan de protesta, realmente lo que quieren decir es “protesta domesticada”, “protesta que no les afecte”.
Pero dentro del estudiantado, hay posiciones políticas que defienden la necesidad de la protesta que realmente incomoda y afecta a las clases dominantes. De la protesta popular que encara a las clases opresoras y explotadoras y las enfrenta con todas las fuerzas y formas de lucha de las que disponga según el grado de desarrollo del movimiento. Ese es precisamente el sector al que, principalmente, van dirigidas las amenazas de Abelardo.
Cuando Abelardo afirma que el estudiante que se encapucha, bloquea la calle y ataca a la policía, es un “vándalo” y un “terrorista”, y que debe ser capturado, e incluso asesinado, realmente está atacando el legitimo derecho de todo el movimiento estudiantil a ejercer la protesta combativa, la que afecta a las clases dominantes y sus gobiernos, la que el Estado no quiere que se desarrolle.
Un histórico de lucha y represión
La controversia tampoco es nueva. La relación entre la Policía y las universidades ha estado atravesada durante décadas por episodios de violencia política, confrontación armada y estigmatización del movimiento estudiantil.
La Comisión de la Verdad documentó la violencia sufrida por las comunidades universitarias durante el conflicto armado colombiano. De acuerdo con uno de sus informes, entre 1962 y 2011 fueron asesinados 588 estudiantes. La entidad también documentó la presencia de actores armados en las universidades y las acciones violentas dirigidas contra estudiantes y docentes por parte de agentes estatales y grupos paramilitares.
Todos estos asesinatos contra el movimiento estudiantil, legitiman el derecho a proteger la identidad. Los estudiantes combativos, conociendo la realidad del país, y habiendo sufrido una gran represión durante décadas, usan ampliamente la capucha para protegerse a sí mismos de las represalias de las clases dominantes y sus fuerzas represivas: policía, ejército y paramilitares. Cuando Abelardo ataca la capucha, realmente está atacando el legítimo derecho de todo el movimiento estudiantil a protegerse de la represión estatal y paraestatal.
Los estudiantes en Medellín, inician un nuevo ciclo de movilización
La discusión que llevó a los estudiantes a las calles de Medellín continuará, por tanto, más allá de una jornada de protesta. De un lado está la decisión del Gobierno de establecer mecanismos para intervenir ante hechos que considere violentos dentro de las universidades. Del otro, la defensa de la autonomía universitaria y del derecho a la protesta combativa como espacios fundamentales para la deliberación política y social.
En los próximos meses ya hay una amplia agenda de movilización, tanto universitaria como general del movimiento popular colombiano: ya hay convocatoria a un paro nacional para noviembre.
