por Redacción Nueva Democracia
El pasado 13 de agosto los pobladores de la vereda Granizal, la cual es jurisdicción del municipio de Bello, Antioquia, realizaron un plantón sobre la autopista Medellín-Bogotá. Los manifestantes exigieron principalmente soluciones frente a la problemática de agua en la vereda, esto es, la ausencia de un acueducto y alcantarillado que provea de agua potable a la comunidad. El reclamo de la comunidad es contra la alcaldía de Bello, Empresas Públicas de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Vivienda.
Los protestantes denuncian que todos los días niños y niñas, adultos mayores y jóvenes tienen que subir y bajar escaleras, atravesar empinadas calles (las cuales en su mayoría están sin pavimentar) cargando pimpinas llenas con la poca agua que suministra el municipio a través de unos tanques.
Una mayor provisión de agua de carácter urgente y un compromiso institucional para la eventual instalación de agua y acueducto en la vereda, eran los puntos principales del pliego de peticiones levantado por la comunidad en lucha. Además del agua potable, también la pavimentación de vías; elaboración de un censo riguroso y otros estudios técnicos que caractericen las principales carencias y posibilidades de la vereda; ampliación y mejoramiento de los acopios de basura; subsidio a los damnificados por el masivo deslizamiento de tierra en junio de 2025; y garantías de participación comunitaria en los espacios de decisión municipal en torno al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, son otras reivindicaciones que hacen parte del pliego.
Contextualización de la vereda y de la problemática
Granizal, ubicado en el extremo suroriental del municipio de Bello, Antioquia, es uno de los asentamientos informales más grandes de Colombia: el segundo del país y el primero del departamento de Antioquia. Está conformado principalmente por personas de origen campesino que llegan a la ciudad debido a las guerras de despojo que continuamente tienen lugar en Colombia, reflejo del carácter semifeudal del país en el que terratenientes y señores de la guerra disputan el control de regiones periféricas del territorio nacional.
Según el último censo, que diferentes voceros de la comunidad estiman que fue hecho sin rigor metodológico, esto es, sin voluntad de parte del Estado por entender qué necesita realmente la vereda, se estima que la vereda cuenta con aproximadamente 24.000 habitantes.
La lucha de esta comunidad suburbana por servicios públicos no es única en Colombia. Es, al contrario, la forma principal en la que se han conformado la mayoría de barrios populares en las ciudades del país. En una dinámica también propia del país semifeudal que es Colombia, la gente desterrada del campo va ocupando los bordes de las ciudades, elevando sus barrios mediante autoconstrucción, enfrentando la represión estatal y paramilitar y luchando para que el Estado planifique, regularice, adecue y desarrolle el territorio.
No es la primera vez que la gente de Granizal se moviliza. Como ya se mencionó, el 24 de junio de 2025 hubo un deslizamiento de tierra que causó decenas de muertes y centenas de damnificados. Ante la ineficacia del Estado en atender esta situación, la comunidad salió a las calles con un plantón de aproximadamente 12 horas, también sobre la autopista Medellín-Bogotá.
Vale decir que esta vía constituye una de las rutas económicamente más relevantes del país, comunicando dos ciudades principales, por lo cual, bloquearla resulta en un importante mecanismo de presión ante el Estado.
No es el único mecanismo de movilización empleado por los pobladores. Desde 2015 fue interpuesta una Acción Popular por el agua en el territorio, la cual falló a favor de los pobladores, obligando principalmente a la Alcaldía de Bello y a EPM- Empresas Públicas de Medellín, a que realicen estudios técnicos con miras a construir un acueducto y alcantarillado en la vereda o reubicar en caso de no ser viable.
11 años después de la Acción Popular, aún no se han hecho avances serios que atiendan esta problemática en la comunidad, demostrando el sistemático desinterés de la ley colombiana en garantizar los derechos sociales del pueblo.
Otra acción popular también fue interpuesta para solucionar el tema de las vías, ya que muchas de ellas son en trocha o fueron adecuadas por los pobladores en forma autogestionada.
Además del acueducto artesanal, que fue construido por la comunidad desde su conformación, y que solo provee agua cruda, la comunidad accede precariamente a agua mediante unos bidones que son llenados regularmente por tanques de agua de EPM. Voceros de la comunidad estiman que por medio de los bidones la gente de Granizal solo tiene asegurados unos 5 a 8 litros de agua potable al día, cantidad alarmantemente inferior a los 50 litros de agua potable que la Organización Mundial para la Salud establece como mínimo vital por persona al día.
Hechos de la movilización
«Aguas, vías y vivienda digna» decía el principal cántico entonado por la gente movilizada. El plantón se desarrolló a lo largo de aproximadamente doce horas. De manera intermitente, se daba paso a los carros y mientras estaban parados, los protestantes bregaban por explicar al público, en su mayoría trabajadores también, cuál era la problemática por la que estaban obligados a protestar y por qué era responsabilidad de la alcaldía de Bello y todas las entidades del Estado competentes.
A lo largo de las doce horas, las voceras de la comunidad estaban prestas a ir flexibilizando los tiempos de bloqueo en la misma medida en que la alcaldía y las entidades citadas fuesen mostrando voluntad. Durante toda la mañana y parte de la tarde, la principal presencia institucional fue la de la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y la UNDMO – Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antes ESMAD), mientras las entidades negociadoras solo llegaron hasta la tarde. Esto demostró que, de parte del Estado, no había una voluntad en atender diligentemente a la comunidad y que estaban dispuestas a reprimir desde el primer momento.
Después de 12 horas de bloqueo intermitente, cuando ya se había instalado la mesa de negociación, los representantes del Estado se burlaron de la comunidad ofreciendo como única respuesta la propuesta de una nueva reunión con los voceros dos semanas después, para trabajar en las exigencias del pliego.
La comunidad sabe que reunirse de forma aislada y desmovilizada con los voceros no beneficiaría en nada su reclamo. Los voceros, por tanto, no aceptaron esto. El Estado mismo se levantó de la mesa y mandó a la policía que, ya había estado haciendo presencia desde un comienzo, a reprimir a los manifestantes, desmontando las pancartas y barricadas y lanzando gases y aturdidoras a los manifestantes, entre quienes había adultos mayores.
La comunidad expresó su indignación con esta actuación policial criminal y terrorista hacia una movilización totalmente legítima, que busca suplir una necesidad fundamental como es el agua potable. La policía, además de vulnerar los derechos de los pobladores en lucha, tirando gases lacrimógenos, causó, con estos mismos gases, un incendio en una zona boscosa por la cual los habitantes de la vereda se replegaron, y cerca de la cual se encuentra una empresa de gases.
El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón Cardona culpó a los manifestantes de este incendio, diciendo a través de su cuenta de X que «una vez la Fuerza Pública logró darles paso a los vehículos, la Policía Nacional nos reporta que los manifestantes le prendieron fuego a una zona aledaña a la vía».
Medios monopólicos como la FM, Infobae y Teleantioquia hicieron eco, sin rigor alguno, de esta deliberada mentira propinada por el gobernador, demostrando que Estado y medios están coludidos en reprimir y violentar a un pueblo en lucha.
Además, este señor gobernador pidió «judicializar a los responsables» del incendio, es decir, no a la policía, ni a él mismo que dio, junto con la alcaldía de Bello y otros agentes estatales, la orden de reprimir, sino a quienes se movilizaron, que fueron quienes quedaron vulnerables al incendio, ya que afectó, entre otras cosas, la única vía de retorno a la vereda, disponible en ese momento.
Al afectar una de las pocas vías de acceso a Granizal, este grave y provocado incendio también amenazó con llegar a afectar partes de la misma vereda. Con esto, se tiene que la comunidad fue objeto de una represión en, al menos, cinco puntos:
1. el deliberado desatendimiento de su problemática de servicios públicos, con lo cual continúa el problema de falta de agua potable para los miles de habitantes de la vereda;
2. la represión física a la comunidad en lucha, a través de las armas usuales, gases lacrimógenos y aturdidoras dispuestas a dispersar, herir y matar a quienes protestan;
3. la represión física a través de un incendio que fácilmente hubiera destruido la vereda y causado múltiples muertos, heridos y pérdidas materiales: incendio que, dicho sea de paso, evoca la técnica militar reaccionaria de tierra arrasada, la cual es muy probable que miembros de la comunidad hayan vivido en su pasado rural;
4. la calumnia mediática, por la cual, se invierten los papeles y se culpa a la comunidad de la táctica de represión causada por el Estado mismo;
5. la anunciada judicialización de «los responsables» del incendio, es decir, no de los responsables reales, sino de los responsables fabricados por el Estado y los medios monopólicos: falso positivo judicial.
Como no hay represión incontestada, así como la comunidad hace frente a estas tácticas con su histórica y valiente lucha y movilización por aguas, vías y vivienda digna, en el terreno mediático, los medios de comunicación del lado de la resistencia popular, de la misma comunidad y elementos solidarios, han hecho el esfuerzo de contrarrestar esta calumnia: el artículo que aquí se presenta al lector se suma a ese necesario esfuerzo.
Además, esta forma cobarde de reprimir y culpar al reprimido de su represión, propia de un Estado que tiene como enemigo a su propio pueblo, no creó otra cosa que más razones para la comunidad seguirse manifestando e incrementar su combatividad, organización y lucha por sus derechos.
Una gran victoria de la movilización fueron las doce horas de protesta continua, donde mucha gente trabajadora que se transportaba por la vía supo de la problemática que se vivía y entendió la justeza de la lucha, la cual ganó, de ese modo, legitimidad entre gente que antes no sabía lo que pasaba.
También, con su combativo plantón, los pobladores de Granizal demostraron lo difícil que va a ser para la actual administración del Estado colombiano, en cabeza del ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, cumplir su cometido de acallar por completo la lucha popular. Granizal le demostró al país que, mientras existan derechos vulnerados y un Estado enemigo de su pueblo, habrá lucha popular: como cantaba la comunidad durante la protesta: «daremos la pelea cueste lo que cueste».
