Publicamos esta traducción no oficial del artículo de A Nova Democracia
El 26 de abril, el presidente oportunista de Colombia, Gustavo Petro, exigió la renuncia de la mayoría de sus ministros. La orden de renuncia se produjo en medio de una pugna entre los diferentes grupos políticos y fracciones de las clases dominantes reaccionarias de ese país respecto a la aprobación de las reformas prometidas por Petro durante su campaña electoral.
Al menos siete ministerios fueron reemplazados por orden de Petro, la mayoría de ellos de sectores estratégicos del país. Ellos fueron: Hacienda, Agricultura, Industria, Turismo, Transporte y Comercio y Ciencia.
Este desarrollo de la crisis política en Colombia se produce en medio de pugnas entre los diferentes sectores de las clases dominantes colombianas en torno a las reformas propuestas por el oportunista Petro – como la pensional, laboral, judicial y a la salud. Actualmente, el principal punto de choque entre los reaccionarios del gobierno colombiano es en torno a la reforma a la salud, que busca disminuir el poder de las Empresas Promotoras de Salud (empresas con capital no estatal que intermedian la atención del Sistema General de Salud del pueblo). En esta disputa, grupos más explícitamente vinculados al imperialismo gritan sobre lo absurdo de la medida. De hecho, estos grupos están preocupados por la necesidad de que el imperialismo, en medio de la crisis, absorba cada vez más servicios estatales para lograr el máximo lucro. Mientras tanto, Petro (que ha llamado a estos sectores a su gobierno) se ve obligado a hacer malabares políticos. Mostrando avances en medidas paliativas reformistas que no van al fondo de la cuestión política y económica colombiana, busca complacer a su base y cumplir al mínimo sus promesas electorales, elevando así la legitimidad del viejo orden de opresión y explotación sobre las masas colombianas.
Aún como parte de estas maniobras, Petro avanza con la verborrea «desarrollista» para el país, pero logrará solamente impulsar el financiamiento de obras de la gran burguesía a través del capital estatal, engordando los bolsillos de las clases dominantes con fondos públicos del trabajo del pueblo colombiano. Ejemplos de estas obras son ferrocarriles, carreteras y canales fluviales que tienen como objetivo impulsar el flujo y la exportación de la producción agrícola del latifundio colombiano. Y aquí también es evidente un rasgo similar a Brasil: el papel central que tiene el latifundio en el país (que se ha mantenido intacto durante siglos y todavía está presente hoy).
En este sentido, esta política reaccionaria también se expresa a través de la propia sustitución del ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, considerado desde su nombramiento de agrado para la oligarquía financiera, por Ricardo Bonilla, director de Financiera de Desarrollo Territorial S.A., un banco de «desarrollo» vinculado al viejo Estado colombiano a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, Petro mantiene el compromiso de su gobierno con el latifundio y con la gran burguesía vinculada al viejo Estado del país.
El constante empeoramiento en la vida de las masas es la consecuencia más importante del compromiso de Petro con la reacción colombiana en el mantenimiento del viejo Estado colombiano. En todo el país, la pobreza y el hambre están en niveles exorbitantes. Solo en la capital, Bogotá, el hambre ha aumentado del 14% en 2019 al 25 % en 2022. Además, en el campo, hay varias masacres, desalojos cometidos contra campesinos e indígenas en lucha. En los primeros tres meses de 2023, cuatro firmantes de los acuerdos de paz de las FARC y 31 líderes comunitarios fueron asesinados. Ya durante el año pasado, las fuerzas militares reaccionarias de Gustavo Petro fueron responsables de la masacre de 11 campesinos en la región del Putumayo y 23 guerrilleros durante una operación en Arauca. Además, Gustavo Petro utilizó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad; fuerza de choque policial que Petro prometió disolver durante la campaña electoral) para promover diversos desalojos y represiones contra indígenas y campesinos en las regiones de Cauca, Curumarri, Dagua y Caguán.
