La estructura de tenencia de la tierra en nuestro país se basa en el sistema latifundio-minifundio, donde el 1% de los propietarios controlan el 80% de la tierra, mientras que el 99% de propietarios, apenas ocupa el 20% de la tierra y allí en esa porción tienen que arreglárselas para vivir y trabajar.
La situación en que el campesino vive y trabaja es muy precaria y oprobiosa. Cerca de la mitad vive en la pobreza, el 90% de las vías terciarias que el campesino tiene que transitar para comercializar sus productos están en mal estado, apenas el 10% de las explotaciones agrícolas ha contado con alguna asistencia técnica. El machete, la pica, el azadón y demás métodos rudimentarios de producción siguen siendo los protagonistas entre los pequeños productores. Pese a esto, aproximadamente el 80% de los alimentos que se consumen en Colombia son producidos por ese 99% de campesinos.
Aunque Petro dijera en el 2016 -no sin razón- que los ganaderos representados por Lafaurie (presidente de la Federación Nacional de Ganaderos) eran unos “narcolatifundistas expropiadores violentos de campesinos”; en el 2022 bajo la política de Reforma Rural Integral, firmó un pacto de acuerdo de compra de tierras a precio comercial con la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) por 3 millones de hectáreas.
La idea inicial que pudiera haber quedado en la mente de los campesinos y la población en general de la entrega 3 millones de hectáreas de tierra a campesinos sin tierra se ha diluido. Hoy el presidente promete entregar 1.5 millones de hectáreas para reforma agraria. Al 7 de Julio de 2023, casi culminando el primer año de su mandato, había comprado apenas 25700 hectáreas, ni siquiera el 2% de la promesa. No hay cifras oficiales en la Agencia Nacional de Tierras, pero las hectáreas que se han entregado a los campesinos son muchas menos.
Petro centró su interés en comprar estas tierras de los ganaderos (aunque abrió la posibilidad de que cualquier terrateniente pudiera ofertar) pues trata de llevarnos la idea de que el problema del atraso nacional y la pobreza del campesino tiene su base en el latifundio improductivo, el cual -es cierto- es una lacra para el país.
Sin embargo, el latifundio productivo no representa un mejor panorama para los pequeños productores. En el norte del Cauca, por ejemplo, el grupo económico Ardila Lulle cuenta con latifundios productivos -monocultivos de caña de azúcar-. A su lado, minifundios producen caña en condiciones atrasadas, la cual es comercializada a precios irrisorios en los centros de acopio de esta azucarera. La actividad económica de los latifundios productivos de Ardila Lulle en el norte del Cauca no han representado desarrollo para los campesinos que residen a su al rededor y sí por el contrario peores condiciones ambientales para el trabajo, pues consumen el agua y ocupan la mejor tierra.
Volvamos al gremio de los ganaderos, que es a quienes, principalmente, Petro pretende comprarles la tierra.
Para contextualizarnos es preciso recordar que FEDEGAN, el Fondo Nacional del Ganado (-FNG- el cual es un fondo que paga cada campesino que comercializa leche o carne y que es administrado por FEDEGAN) José Felix Lafaurie, terrateniente ganadero, actual presidente de Fedegán, Benito Osorio, terrateniente ganadero, ex gerente del Fondo Nacional del Ganado en Córdoba, Jorge Visbal Martelo, terrateniente ganadero, presidente de FEDEGAN antes que Lafaurie, senador y embajador entre otros cargos burocráticos, han estado directamente vinculados con Carlos Castaño, con Salvatore Mancuso y con el paramilitarismo en general.
Jorge Visbal, acusado de integrar el grupo de los doce, una especie de consejo asesor de altísimo rango dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado a 9 años de cárcel. Benito Osorio quien se declaró culpable de despojo, fue condenado a 19 años de prisión, aunque apenas cumplió con más o menos 10. Él, a través del FNG de Córdoba, participó en el despojo de más o menos 40 mil hectáreas de tierra. Este es uno de los hechos más emblemáticos respecto a la relación del FNG y la expropiación al pequeño campesino, pero esta situación se repitió con muchos otros Fondos Ganaderos Regionales.
Es a estos terratenientes ganaderos, “narcolatifundistas expropiadores violentos de campesinos” a quien Gustavo Petro propone lo siguiente:
“… se lo digo a los grandes propietarios y poseedores de tierra de esta región y de todo el Caribe colombiano, que queremos que (…) ofrezcan voluntariamente, no toda la hacienda (…) Dennos la mitad y se quedan con la mitad (…) En esa mitad de su hacienda —la otra nos la vende— nosotros le entregamos un crédito de interés subsidiado para que pueda poner pastos mucho más finos, mejorar el ganado, sembrar árboles, con el fin de hacer una ganadería silvopastoril, que es más productiva.”
La compra de tierras a lo grandes terratenientes y la gran burguesía es uno de los mecanismos de los cuales se sirven estas clases para, través del Estado y sus políticas, fortalecerse y enriquecerse con el trabajo del pueblo. La inyección de créditos e inversión en la productividad de sus negocios también es uno de esos mecanismos. Un caso famoso de este tipo en la historia económica reciente es Agro Ingreso Seguro (AIS), donde se dieron de manera sistemática créditos agrarios a grandes terratenientes, lo cual fue ampliamente cuestionado por la opinión pública.
Tal fue el rechazo a AIS que tuvieron que sacrificar a la cabeza visible de esta iniciativa, el infame Andrés Felipe Arias, quien hoy está en prisión. La diferencia entre los créditos ofrecidos por AIS y los créditos ofrecidos por Petro, es que estos últimos están revestidos de toda la demagogia petrista para ganarse el favor popular y convencernos de que de alguna forma es beneficioso para el campesino, que el Estado entregue millonarios créditos a grandes terratenientes y grandes burgueses de la calaña de Lafaurie.
El problema de atraso en el campo y de pobreza del campesino está fundamentado en la existencia de una estructura de propiedad de la tierra donde el latifundio -no importa si es productivo o improductivo- domina. Con la pervivencia del latifundio, pervive a su vez una clase (a la cual Lafaurie y los otros grandes terratenientes pertenecen) que, con base en su posesión de la tierra, dominio de los mercados y de la economía tiene el poder de controlar la vida material del pequeño campesino. Esto representa la base semifeudal sobre la cual puede erigirse un capitalismo burocrático en nuestro país.
Con la propuesta de Petro, ni aún si se cumple completamente su promesa de entregar 1.5 millones de hectáreas se va a logar hacer mella en la estructura latifundista de la propiedad agraria. Los terratenientes seguirían dominando el 77% del territorio rural. De todos modos, hasta ahora la promesa no da signos cumplirse.
Desde el punto de vista del campesinado la propuesta de dividir estas hectáreas en pequeñas porciones de tierra y que al campesino le sea otorgado un predio-es decir un micro o minifundio- para trabajarlo, atado probablemente a una línea de producción vía créditos y/o proyectos productivos. Atado también al mercado que no sigue la lógica del bienestar sino la lógica de acumulación de ganancias, mercado que él, además, como pequeño productor tampoco controla y en un contexto de latifundio, que como acabamos de precisar confiere el poder a las clases dominantes para definir la vida material de los pequeños campesinos; tampoco ofrece un panorama muy prometedor.
Los pequeños caficultores por ejemplo, están sometidos a la burocracia cafetera agrupada en la Federación Nacional de Cafeteros, quienes atan al campesino con multas, créditos y sobretodo con el control del mercado y el control del principal músculo económico del negocio del café (porque además el Estado les ha conferido la administración del Fondo Nacional Cafetero el cual consiste en el recaudado por un impuesto que paga cada caficultor, esté o no afiliado a la asociación, por cada libra de café vendida). De cuando el cuándo el negocio va mal y la opción del pequeño caficultor es someterse a peores condiciones de vida, pagando multas y créditos, para no perder la tierra. Los pequeños arroceros y los pequeños productores maíz han vivido situaciones similares.
A 2020, tan sólo el Banco Agrario contaba que aproximadamente 30 mil productores campesinos quienes tenían sus predios en proceso de remate.
A los terratenientes no les molesta que el campesino tenga tierra para trabajar, es más necesitan la mano de obra campesina, por eso en las antiguas haciendas se le confería un pedazo de tierra a los terrajeros para que vivieran y produjeran allí. A la Federación Nacional del Café, le hace falta el trabajo de los pequeños caficultores en sus minifundios. El problema esencial viene cuando los intereses del campesinado y de los latifundistas empiezan a mostrarse como antagónicos.
Petro dice al respecto de su reforma agraria: por ese camino, más riqueza, más carne al ganadero, más leche al ganadero, más beneficio al medio ambiente y más justicia al campesinado. Intenta revestir su política agraria de la idea de que al tiempo que el terrateniente se enriquece, el pequeño campesino puede prosperar, como si eso fuese posible. La realidad es que es fácil que los intereses de los latifundistas y del pequeño campesino se muestren como antagónicos, porque de hecho lo son. Por un lado, el mayor enriquecimiento del latifundista implica una mayor explotación del trabajo del campesino. Por otro lado, el campesino solo podrá alcanzar la prosperidad con el fin del latifundio.
Esta reforma agraria de manera esencial robustece al terrateniente que otrora despojara a los campesinos, comprando una parte de sus tierras, otorgándole créditos e invirtiendo en la tecnificación de sus líneas de producción con lo cual ellos ya no tendrán que incurrir en ese gasto. Y a lo sumo va a reclutar una poca fuerza de trabajo campesina bajo relaciones de semifeudalidad, cuyo trabajo es base para el enriquecimiento de las clases dominantes. La política agraria de Petro es tan conveniente a las clases dominantes, que incluso Lafaurie, quien hace unos meses la criticaba rabiosamente hoy la apoya con entusiasmo.
Ninguna reforma agraria institucional ha transformado la estructura de tenencia de la tierra. Gonzalo Sanchez director general del Centro de Memoria Histórica de Colombia entre el 2011 y el año 2018 plantea, por ejemplo, al respecto de la Ley 200 de 1936 de Alfonso López Pumarejo (ley tan elogiada por Gustavo Petro como un intento de reforma agraria) que:
“Tal vez no exista en la historia del país otra reforma que, como la Ley 200 de 1936 haya servido tan cabalmente a las clases dominantes. La Ley logró (…) presentarse -y ser aceptada- como una respuesta a las demandas campesinas, cuando, en realidad, su objetivo fundamental era resolver las inquietudes de los terratenientes”.
La reforma agraria de Alfonso López Pumarejo cumplió el papel de ser un factor importante en la desmovilización y desorganización del movimiento campesino, que agrupado en ligas agrarias venía protagonizando importantes luchas por la tierra y los derechos de los campesinos, contra el poder terrateniente. Por su parte Carlos Lleras trató de corporativizar el movimiento campesino con la creación de la ANUC (asociación nacional de usuarios campesinos), sin embargo, el movimiento era imparable y una parte de éste, utilizó a la ANUC para organizarse y plasmar el llamado de: “tomar todas las tierras de los terratenientes”.
En cuanto a Gustavo Petro, a él le preceden tiempos convulsos. Robustas guerrillas cuya matriz principal fue el campesinado pobre y su motivo principal fue la existencia tan descarnada del latifundio. Más recientemente un paro agrario (2013) sin precedentes en las últimas décadas. Han venido aumentando paulatinamente las tomas de tierras. Hemos presenciado diversas muestras de fuerzas ofrecidas por el movimiento indígena, como la toma a la Panamericana durante casi un mes en 2019. Y quizás uno de los eventos más importantes de nuestra historia: el gran levantamiento popular en el año 2021.
En este panorama era necesario para las clases dominantes una “explosión controlada” que prometiera cambios para dejar la estructura igual. Los terratenientes necesitaban un “pacto histórico” con los campesinos, bajo la idea de reconciliar los intereses de clases entre clases antagónicas. Hay que decir: los resultados saltan a la vista. Después del anuncio de reforma agraria la toma de tierras en el país se redujo en 31%. De 26 mil hectáreas invadidas se pasó a 17495. Con esto el campesinado perdió, en el gobierno de Petro más de 8 mil 500 hectáreas de tierra.
Sin embargo, de nuevo hay que decir: los resultados saltan a la vista. Casi 18 mil hectáreas de tierra siguen ocupadas por los campesinos pese a la demagogia petrista.
La única fuerza que existe en nuestro país capaz de llevar a cabo una restructuración de la propiedad agraria, que quite la tierra y el poder que por medio de ella obtienen los latifundistas y los grandes burgueses y entregue la tierra al pueblo, es el campesinado, junto a las otras clases oprimidas, que de manera organizada y revolucionaria tiene la tarea de construir su poder.
