La lucha por la tierra en el Cauca como sus protagonistas lo enuncian, es una lucha milenaria contra el poder invasor. Los indígenas Nasa, habitantes de lo que hoy conocemos como el Cauca y el Valle del Cauca, fueron sometidos a las políticas conquistadoras de despoblación y esclavitud por parte del Imperio Español.
A ese sometimiento los pueblos indígenas y más tarde los esclavos africanos ofrecieron una indomable resistencia política y militar. Así lo afirma Víctor Bonilla en su texto Historia Política del Pueblo Nasa: “los nativos caucanos, como los demás hermanos de América, respondieron a esa dominación con la mayor manifestación de rechazo político que existe: la lucha armada, la guerra contra el opresor”
Fueron guerras gloriosas, que uniendo a los diferentes pueblos nativos de esta región de América, arrancaron valiosas victorias contra el imperio. Recordado es el papel de la cacica La Gaitana y el cacique Pingoanza que agruparon entre 10 mil y 20 mil hombres de guerra para hacer resistencia contra los colonizadores. Con la resistencia lograron destruir varios poblados españoles y desplazar otros tantos que constantemente se veían obligados a reasentarse.
Según Bonilla fueron décadas de triunfos constantes contras las expediciones guerreras que lanzaban los españoles. Pero la disminución de la población a causa de la guerra, el hambre, los tratos oprobiosos y la enfermedad, la política de exterminio a los “indios en guerra” por parte de los conquistadores y las contradicciones internas entre los diversos grupos indígenas de la época, de las cuales el poder español se aprovechó, apoyándose en los jefes que prefirieron la alianza con los invasores que con los pueblos indígenas en resistencia, marcaron un golpe entre los nativos caucanos.
Con esta nueva situación los indígenas se vieron sometidos al pago de tributo a los españoles que en el Cauca tomó la forma de encomienda. Consistía en el repartimiento de indios para trabajos de extracción minera o trabajos en las haciendas de los encomenderos.
Son muchos los ires y venires de los indígenas Nasa en su historia de resistencia. En los años 60 y 70, despojados una y otra vez por parte de los terratenientes, estaban sometidos a condiciones de vida miserables y pesaban sobre ellos las relaciones semifeudales que hunden sus raíces en el mencionado proceso de colonización española. Es así como en estos años se sufría la odiada institución del terraje. El terrateniente entregaba a los indígenas un pedazo de tierra para trabajar. A cambio el indígena tenía que entregarle al terrateniente mínimo 4 o 6 días de trabajo a la semana de sol a sol. Sólo el día séptimo era el día de trabajo que podía quedarse el terrajero.
Como se relata en el libro de Lorenzo Muelas, el terrajero era duramente oprimido:
“A los terrajeros que a veces por una enfermedad o por cualquier cosa no podían estar puntuales en el horario y llegaban con un retraso de diez minutos, les daban una paliza y para las siguientes dos semanas les aumentaban como sanción uno o dos jornales. Así siempre comentaban”.
Sin tierra para trabajar, en condiciones de miseria hambre y una profunda opresión por parte de los terratenientes (a quienes los indígenas los describieron como: los que roban la tierra), resurgió de la mano del campesinado, la semilla de la lucha.
En un contexto de lucha por la tierra por parte del campesinado en general, los indígenas caucanos, primero agrupados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y luego en el Consejo Regional de Indígenas del Cauca, emprendieron con tesón la tarea de plasmar sus principales reivindicaciones: recuperar las tierras para ampliar los resguardos (que son sus unidades territoriales) y no pago del terraje. Una reivindicación iba de la mano con la otra. No se puede poner fin a las relaciones semifeudales de producción que pesan sobre el campesinado, si este no conquista la tierra para trabajar y sobre todo, si no se pone fin al latifundio.
Es así como en las décadas de los 70, 60 y 80 se llevaron a cabo oleadas de recuperaciones de tierra que fueron debilitando a los terratenientes locales. La táctica era clara: se mantenía viva en la mente de los indígenas, por medio de formación política constante, la convicción de que la tierra les pertenecía, por ser ellos los pueblos originarios y sobre todo porque el terrateniente no la trabajaba, sino que eran ellos mismos quienes lo hacían.
Según los mayores que relatan aquellas hazañas, los grupos de comuneros que iban a tomar alguna hacienda, se organizaban durante un tiempo, tal vez un año entero para guardar reservas, sembraban y cosechaban maíz, plátano, yuca y todo lo que fuese posible en las tierras altas, al tiempo que investigaban al terrateniente propietario de la hacienda a ocupar. Lo más importante era agrupar a las familias que iban a ocupar la hacienda. Cuando se llegaba el día, familias enteras, mujeres y hombres, sin importar su edad (niños y mayores), bajaban a las haciendas (la haciendas de los terratenientes se encontraban en las zonas más bajas). Confrontaban hasta donde fuese posible con la policía, que defendía la hacienda de la ocupación indígena en favor del propietario y si eran derrotados y tenían que salir, volvían al siguiente día o unos días después, más fuertes y preparados. Consumían el ganado del terrateniente y pronto preparaban la tierra para sembrar.
Esta táctica, de tomar tierras por las vías de hecho, fue lo que permitió, al menos en el norte del Cauca, la ampliación de sus territorios. Casi la totalidad del territorio de lo que hoy conforma el resguardo de Huellas por ejemplo, se conformó por la vía de lo que ellos llaman: recuperaciones de tierras.
Avanzando un poco más en la historia, la década de los noventa fue precedida por un auge de la lucha popular y por la cruenta represión por parte del Estado reaccionario. Diversos grupos armados actuaban en el panorama nacional: el Movimiento Armado Quintín Lame (- MAQL- precisamente de filiación indígena), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento 19 de abril (M19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y otros varios grupos dispersos.
Valga decir que todos estos grupos han tenido históricamente una relación con las luchas del campesinado, quienes cifran sus esperanzas de romper el yugo de la opresión a través de los distintos programas y propuestas que ellos han ofrecido. Es el campesinado (que incluye a los indígenas), en su afán por obtener la tierra para trabajarla y romper el poder de una clase terrateniente lo que ha dado insumo y consistencia a las diferentes iniciativas armadas que se han dado en nuestro país. Lo que late en el fondo de estos procesos es la necesidad de tierra por parte del campesino y la necesidad de poner fin al latifundio.
En este contexto, de intensa lucha popular de diverso tipo, era necesario para las clases dominantes la desmovilización del pueblo, pues el país no mantenía la estabilidad requerida para que los proyectos de saqueo imperialista y la opresión y explotación por parte de los grandes burgueses y los latifundistas nacionales prosperaran. Es así como se dan las negociaciones de paz con el M19, el PRT, el MAQL y el EPL.
Como hemos dicho, no se trataba tan solo de la desmovilización de diversos grupos armados, sino del movimiento popular en general. Para que la base social aceptara tal curso de los acontecimientos, las clases dominantes entregaron en la nueva constitución neoliberal que implantaron, varios artículos muy celebrados por algunos dirigentes oportunistas de la época, referentes a los derechos de los pueblos indígenas y de las negritudes.
Los pueblos indígenas en el norte del Cauca eran uno de los sectores que en pleno 1991 estaba en lucha activa por la tierra. En ese año ellos estaban ocupando la hacienda del Nilo, propiedad de un terrateniente de la zona. En pleno furor del teatro burocrático que entregó promesas de paz, de mejor futuro y cumplimiento de los derechos al pueblo, a cambio de que éste dejara de luchar, los indígenas Nasa tuvieron que enfrentar la masacre del Nilo, donde fueron asesinados alrededor de 20 comuneros a manos de el ejercito y los paramilitares que estaban al servicio de un consejo de latifundista que se reunió en haciendas aledañas a planear la acción de sangre contra los Nasa. Es significativo, que, aunque el día de la masacre los ocupantes que sobrevivieron tuvieron que huir, al día siguiente más de 5000 mil comuneros hicieron sentir su fuerza y determinación ocupando nuevamente la hacienda. La masacre del Nilo prontamente desnudó las falsas promesas del Estado.
Pese a la ejemplar demostración de valentía por parte de los comuneros, los planes trazados por la reacción estaban destinados a cumplirse. Unos de los comuneros participantes del actual proceso de lucha por la tierra que se desarrolla en el norte del Cauca se expresa así sobre el momento político del 91:
“… desde el 91 nosotros dejamos de ampliar el territorio, se acabaron las tomas de tierras, a cambio nos dieron plata para proyectos y dos senadores cada cuatro años… pero eso no resuelve el problema de tierras, las familias tienen hijos y tienen que partir sus pedazos y esos hijos tienen hijos ¿y entonces? (…) lo que necesitamos es la tierra”.
Precisamente este es un retrato de lo que significó para el movimiento popular y para la lucha por la tierra el teatro burocrático (con constituyente incluida) del 91. Las clases dominantes lograron detener la lucha por la tierra de los indígenas Nasa durante varios años (también desmovilizar la lucha popular).
Las clases dominantes establecen, por medio del oportunismo, el camino por el cual debe transitar el pueblo para conquistar sus derechos. Este camino es uno que pretende mantener el poder en manos de éstas clases y le impone al pueblo que no se salga de los límites que el Estado (al servicio de estas clases) dispone. Es un camino burocrático, le sirve apenas a las clases que hoy están en el poder. No es democrático, es decir, no sirve a la mayoría de las clases populares. Tampoco es revolucionario, es decir, no entrega el poder al pueblo, sino que lo mantiene en manos de los que hoy oprimen y explotan.
El pueblo Nasa, impulsado por sectores oportunistas, transitó por este camino burocrático (camino de ofrecer curules en el senado y recursos para proyectos de diverso tipo, pero nunca camino para conquistar la tierra ni mejores condiciones de vida) durante cerca de 14 años. Es al rededor de 2005, cuando estallan nuevamente las tomas de tierras. La base indígena, empujada por la necesidad de tierra para sus nuevas generaciones y en pleno acto de crítica a una dirigencia que no responde a su reivindicación principal: la toma de tierras para poder vivir y trabajar, iniciaron un proceso denominado liberación de la madre tierra.
Hoy por hoy, la mejor tierra del norte del Cauca es propiedad o está alquilada principalmente por los grandes ingenios azucareros (que son propiedad principalmente del grupo económico Ardila Lulle ), aunque otras grandes empresas tales como la multinacional irlandesa Smurfit Kappa también hacen presencia en la zona.
Mientras estas empresas ocupan la tierra plana, los pueblos que habitan los alrededores de la zona, que principalmente son los Nasa, pero también otros grupos campesinos y comunidades afrocolombianas, tienen que vivir apeñuscados en las tierras de las montañas.
El proceso de Liberación de la Madre tierra desde el 2005 viene ocupando los latifundios al servicio de esos grandes poderes económicos, haciendas que antes estaban plantadas de caña de azúcar y cuyas ganancias iban a engordar el bolsillo de grandes burgueses y terratenientes hoy están en manos de hombres y mujeres sencillos, comuneros Nasa, que sólo aspiran a un pedazo de tierra para trabajar, para construir nuevos poblados, con escuelas, centros de recreación, deporte y cultura. Otros grupos, inspirados por el ejemplo de estos comuneros, han hecho lo propio y están ocupando también grandes predios del norte del Cauca.
A día de hoy según la prensa monopólica, son más de 30 haciendas en varios municipios de norte del Cauca que han sido tomadas por la fuerza con el objetivo de entregarlas a los “sin tierra” de sus comunidades. Entre ellas la hacienda de Canaima, que fue el lugar desde donde los terratenientes de hace décadas se reunieron para planear la masacre del Nilo. José Antonio Bernal Seijas fue uno de los acusados de orquestarla. Hoy goza de libertad condicional. Quien aparece como actual dueño de dicha hacienda es su hermano de José Antonio, que ha acudido a José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (la cual reúne al gremio de terratenientes ganaderos del país y ha tenido nexos claros con el paramilitarismo) rogando que “intervenga para que se respete la propiedad privada en el Cauca”. Pese a los lloriqueos de terratenientes asesinos, en número se cuentan entre 6000 y 8000 hectáreas de tierra que les han sido arrebatadas.
Los pueblos indígenas, como el resto del pueblo colombiano, se han visto enfrentados a la disyuntiva de cuál es el camino a seguir para lograr transformaciones radicales en la sociedad al servicio del pueblo. Seguir el camino burocrático impulsado en 1991 por todo el proceso de la constituyente con el que se logró detener durante más de una década la lucha por la tierra o seguir el camino revolucionario que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia de nuestra América. Decidir tomar las tierras del latifundio (sea productivo o improductivo) es dar un paso por el camino revolucionario. Muestra la forma en que el campesinado va a conquistar su bienestar. Es haciendo frente a los latifundistas y la gran burguesía, debilitando materialmente su poder, para fortalecer al pueblo, como este va a poder encontrar el porvenir. Ni el gobierno de Uribe, ni el gobierno de Santos, ni el gobierno de Duque, ni el gobierno de Petro han favorecido la lucha por la tierra de los pueblos indígenas. Los hechos de represión más recientes han ocurrido en el actual gobierno de Petro. En este gobierno, los indígenas han tenido que hacerles frente a los desalojos de algunos predios que tienen ocupados. Estos desalojos han sido impulsados directamente presidencia y la vicepresidencia del país. Además, en el último año, dos de los líderes más activos del proceso de liberación de la madre tierra han sido detenidos e imputados con cargos como invasión de tierras y desplazamiento forzado entre otros. La detención de estos comuneros obedece al antagonismo de clases que se ve expresado en dicho proceso. El gobierno, sea cual sea, y las fuerzas armadas reaccionarias, así como el aparato judicial estatal, van a defender los intereses del imperialismo, la gran burguesía y los terratenientes, mientras el Estado siga a su servicio. Los comuneros indígenas y todos los campesinos que hoy ocupan los latifundios en el país, están enarbolando el sagrado derecho a la tierra y plasmando con su lucha las reivindicaciones centrales del campesinado en nuestro país: “tierra para quien la trabaja” y “tomar todas las tierras de los terratenientes”.