Desde el 24 de marzo del presente año, la región de Caucasia ha estado en la mirada de la opinión pública, debido a que se está presentado allí la invasión de tierras más grande en la actualidad. Se calcula que son más de 5.000 familias que están ocupando un lote de 378 hectáreas, al que poco a poco han ido llegado familias desterradas del Bajo Cauca y de otras partes del país, especialmente trabajadores informales del sector minero, construcción y campesinos. Las familias han hecho allí ranchos y cultivos, y han generado toda una incipiente red de vida social en ese territorio. Ciertamente, desde antes de esta visibilización mediática del fenómeno, ya la ocupación venía sucediendo en un menor grado numérico.
En medio de muchas promesas e intereses politiqueros que buscaban utilizar a los pobladores, la comunidad se fue organizando, estableciendo la figura de una Junta Comunitaria llamada Los Campanos para su vocería. El nombre que se le dio al asentamiento fue Nueva Jerusalén.
Los intereses en juego
Desde 1998 el terreno en cuestión formó parte de los activos del narcotraficante Juan Gabriel Úsuga Noreña. En el año 2001, éste fue extraditado a Estados Unidos, pero las tierras siguieron siendo de él hasta 2003, cuando aparentemente las vendió a una empresa de gas y energía llamada Promigas. En 2004, estas tierras fueron embargadas por la Fiscalía y al sol de hoy las tierras son administradas por la Sociedad de Activos Especiales SAE.
Empero, esta decisión de embargo fue apelada por Úsuga y el juez falló a su favor, lo cual ha dejado la cuestión de la propiedad legal de esta tierra en un estatus ambiguo, favorable a los intereses del narco. De esta manera, la SAE solo quedó siendo administradora de la empresa “Finca Santa Helena S.A” que fue el nombre dado por Úsuga, pero eso no la autoriza como propietaria privada de las tierras. La persona a cargo de la liquidación de esta empresa, es Army Judith Escandón, quien hizo la petición formal del desalojo a las autoridades.
Por lo visto, entonces, mientras la SAE funge como administradora formal, el narco ha jugado sus cartas para mantenerse con el control real de la tierra. Escandón firmó un contrato de arrendamiento de estas tierras con Faryd Vélez, dueño del Politécnico del Cauca CIAMDCO, quien es el testaferro de José Bayron Piedrahíta, alias “El Patrón de Caucasia”, uno de los narcotraficantes más poderosos del Bajo Cauca antioqueño. Además de esto, habría otro particular reclamando la tierra de quien no se conoce mucho, y se suman las Empresas Públicas de Medellín, bajo control del GEA, que también tienen intereses en la zona.
Hoy en día, la toma de las tierras por parte de las masas campesinas ha puesto al Estado entre la espada y la pared: los intereses de Petro, actual administrador del Estado, de mantener una imagen popular para sostener su capital político, se chocan contra la mafia terrateniente de la región que aboga por un desalojo inmediato de los campesinos.
El 27 de mayo de 2024 se expidió el Decreto 0064 de la Alcaldía de Caucasia, por el cual, se ordenaron una serie de medidas para facilitar el desalojo de 378 hectáreas de tierra en la zona urbana del municipio. Se ordenó la restricción del uso de drones, estacionamiento en 200 metros a la redonda de la hacienda y prohibición del porte de armas a civiles en el municipio, con el fin de llevar a cabo el operativo del desalojo. A estas iniciativas de desalojo por la fuerza, se han opuesto algunos miembros del partido de gobierno, quienes abogan por un desalojo consensuado con las masas campesinas.
Lo anterior expresa una pugna entre, por un lado, la alcaldía de Caucasia y la gobernación de Antioquia, quienes han actuado en favor de desalojar por la fuerza y, por otro lado, el gobierno nacional y la Sociedad de Activos Especiales, actual administradora del predio, quienes mantienen una postura de evitar el uso de la fuerza. El gobierno está tratando de persuadir a la comunidad para que salga del terreno voluntariamente, alegando que “no es la ocupación la vía para acceder a los bienes de la SAE” y que “iniciaremos el debido proceso para recuperar el predio” para ofrecer alternativas de vivienda a la comunidad. Ambos sectores del poder, pues, están en contra de que la comunidad campesina haya adquirido su derecho a la tierra por la vía de los hechos y buscan desmovilizar a la comunidad de su lucha, retirándoles su conquista y encaminando sus reivindicaciones por una vía burocrática más controlable para el Estado o simplemente reprimiéndolas de manera tajante. Así pues, aunque en la pugna entre el gobierno nacional y el gobierno local vemos dos formas de abordar el problema, el resultado al final sería el mismo: quitarles la tierra a las masas.
El interés popular contra el Estado
“Tengo derecho a un techo digno que me permita crecer y vivir plenamente” se lee en uno de los carteles hechos por las familias, en una manifestación que se hizo en protesta para exigirle a Gustavo Petro que garantice ese derecho que ellos conquistaron a partir de la lucha.
La toma de estos terrenos por parte de la comunidad responde a una necesidad imperiosa de democratización de la propiedad y el uso de las tierras en el país. Las cifras más actualizadas apuntan a que el 14% de los propietarios controlan el 80% del territorio y, en perspectiva histórica, esto refleja un proceso de concentración de la tierra y, con ello, de profundización del atraso social generado por el control de los recursos territoriales de la nación por unas clases dominantes agroexportadoras, quienes imponen sus intereses en el uso y tenencia de las tierras, a espaldas de las necesidades de desarrollo del país, las cuales sólo se satisfacen con la soberanía popular del territorio.
La masificación de la ocupación de tierras en el país o, la mayor visibilización de ese fenómeno, se da en medio de una particular coyuntura política. El gobierno liberal de Gustavo Petro se aprovechó del descontento popular para catapultarse y, esas masas populares a quienes Petro prometió un cambio, comenzaron a desbordar al gobierno oportunista, abriendo un espacio para que se haga más nítida la grieta entre los intereses populares de revolución agraria y los intereses del gobierno de conservación y conciliación con el latifundio.
