*Basado en la traducción de algunos fragmentos de un artículo publicado en el periódico A Nova Democracia (Brasil) el pasado 18 de agosto.
Cinco meses después de que el presidente oportunista de Chile, Gabriel Boric, se posesionara, diversas protestas estremecieron el país contra las medidas reaccionarias y anti-pueblo promovidas por la joven cría del oportunismo y el revisionismo chileno. En las ciudades, vendedores ambulantes se levantaron contra la represión de los agentes policiales que cumplían una operación de erradicación del comercio ambulante en la capital Santiago. Protestas de estudiantes y trabajadores de la educación denunciando el desmonte de las universidades, las pésimas condiciones de trabajo, los bajos salarios y las mensualidades en las universidades públicas, exigiendo la liberación de los presos político de las manifestaciones de 2019-2020. En el campo, mapuches se movilizaron contra la dominación del latifundio y la intervención militar en la región centro-sur del país, decretada en el 2021 y prorrogada por Boric.
Se cae la máscara de “defensor del pueblo” que Boric usaba (cuando actuaba en el movimiento popular como un oportunista electorero) para engañar a cada sector que hoy se está movilizando en Chile. En 2016, en dos casos diferentes de represión a los vendedores ambulantes, Boric dio declaraciones vacías de censura a la postura represiva del viejo Estado chileno en relación a los trabajadores, práctica que ahora él continúa. En relación a los estudiantes, Boric utilizó, durante la campaña, su pasado de “activista” estudiantil y presidente de la Federación de Estudiantes de Chile para venderse como cercano al sector de la educación.
En su periodo de “activista” amarillo, con todo, Boric prestó un papel fundamental en el apaciguamiento de las protestas y apuntando a la salida de la rebelión por la “vía institucional” y la “nueva constitución”. Camino burocrático que, lejos de solucionar esos males, solamente fortalece la estructura caduca del viejo Estado chileno, aparato de represión de las masas populares al servicio de las clases dominantes chilenas, tan solo que bajo una nueva apariencia.
Finalmente, en cuanto a los Mapuche, Boric visitó unidades territoriales de ese pueblo en 2016 y se pintó en sucesivas ocasiones como contrario a la militarización de esas zonas y abierto al diálogo, inclusiva con la CAM.
Ahora, Boric desaloja y aprisiona vendedores ambulantes que trabajan sin estar “debidamente regulados” por el viejo Estado; mantiene la explotación de los trabajadores de la educación y el desmonte y privatización de las universidades; y profundiza la intervención militar en las zonas Mapuche, en el centro-sur del país. Bajo su gestión, está reservado, para cada uno de estos sectores, la brutal represión en caso de la rebelión popular, sea con el uso de carabineros o de las fuerzas armadas chilenas. Las masas, a su vez, en el campo y en la ciudad, siguen luchando por sus derechos más básicos.
Tras el fracaso en el plebiscito de salida de la nueva constitución liderada por el gobierno de Boric, la juventud chilena se ha levantado nuevamente. Desde los primeros días de septiembre estudiantes secundaristas y universitarios se han movilizado exigiendo soluciones a los múltiples problemas que afectan a la educación pública (mala alimentación, costos del transporte, infraestructura en mal estado, por acceso universal, contra la violencia de género, etc); reivindicando la libertad a los presos y presas de la revuelta popular iniciada en el 2019 y también a los activistas de la comunidad Mapuche detenidos en medio de la lucha por la tierra; y finalmente exigiendo un nuevo proceso constituyente donde realmente se garanticen los derechos del pueblo trabajador y no se concilie con los sectores más reaccionarios de la sociedad chilena. En las sucesivas manifestaciones se han presentado acciones combativas por parte de la juventud, tales como evasiones masivas en las estaciones del metro de Santiago y enfrentamientos contra las fuerzas de los carabineros, una de las más sanguinarias e impopulares instituciones en este país, famosa por su violenta represión contra la protesta popular.
Más allá de las promesas del nuevo gobierno “progresista” y de las ilusiones en una nueva constitución, la juventud y el pueblo chileno se han continuado movilizando activamente por la defensa de sus derechos. Su experiencia misma les ha mostrado, con el gobierno de Salvador Allende y su posterior derrocamiento mediante el golpe de Estado de 1973, los límites de las vías institucionales y la necesidad de organizarse y construir más allá de estas.
