El pasado 2 de marzo inició un paro minero que abarca varios municipios de Antioquia y Córdoba, en la subregión conocida como Bajo Cauca. A la fecha de esta publicación el paro completa 13 días de bloqueos y enfrentamientos entre los mineros y la fuerza pública. A continuación, un breve compilado con algunos acontecimientos importantes.

Antecedentes: El gobierno nacional, a través del ejército, viene realizando desde hace semanas, operativos para destruir maquinaria dedicada a la extracción ilegal de oro, bajo la orden de “guerra total” contra la minería ilegal, por parte del Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Según un reporte del 2 de marzo, el comandante de la Brigada 14 del ejército afirmó que han desarticulado 39 minas informales, destruyendo 70 dragas, dos excavadoras, 110 motobombas, entre otras herramientas.

Marzo 02: a raíz de esta fuerte arremetida del Estado y sus fuerzas armadas contra la minería informal, miles de personas de estas regiones, quienes viven de esta actividad económica, han decidido tomar las vías de hecho para protestar. Se calcula que entre la vía Medellín y la Costa Atlántica, protestan más de 5.000 mineros. El primer día la protesta transcurrió pacíficamente, bloqueando sólo un carril de la carretera, pues los mineros esperaban una pronta reunión con las autoridades locales y nacionales para resolver la situación.

Foto: NP Noticias

Marzo 03: Los manifestantes aumentan la presión con bloqueos totales de vías y ataques a algunas instituciones del Estado. En el municipio de Caucasia se presentaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía, la Alcaldía de este municipio fue destruida. Caucasia es el lugar donde se han concentrado la mayor cantidad de mineros y donde la protesta tiene mayor fuerza. Ante las combativas acciones de los mineros, el gobierno decretó toques de queda en varios municipios de la región. Los días siguientes se van a mantener los bloqueos en varias importantes carreteras que comunican Antioquia, Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar, convirtiéndose este en un tema de importancia nacional.

Foto: Facebook Noticias de Caucasia.

Marzo 9: Gobierno intenta entablar una mesa de diálogo con los voceros del paro minero. Sin embargo, los representantes mineros se levantan de la mesa de negociación. Argumentan que la delegación del gobierno está conformada por viceministros sin capacidad para tomar decisiones y exigen que hagan presencia los ministros que puedan darles garantías para solucionar la problemática. Como respuesta, el gobierno, a través de una rueda de prensa el día 10 de marzo, anuncia que mientras sigan los bloqueos no habrá negociación. Esa misma noche, se presentaron fuertes enfrentamientos, en los cuales, según el diario El País, 8 policías resultaron heridos.

Marzo 12. Manifestantes destruyen e incendian el peaje de Tarazá. El día anterior también se reportó la quema de dos camiones repartidores de huevos de la empresa Avinal. Ante lo cual el gobierno ha ampliado los toques de queda en varios municipios, y ha desplegado soldados en la zona para, de forma conjunta con la policía, intentar controlar la situación.

Marzo 15: Algunas vías han sido desbloqueadas debido a la fuerte represión, sin embargo para el día de hoy se tienen planeadas varias movilizaciones en diferentes municipios del Bajo Cauca.

Testimonios de algunos líderes del paro minero: Saúl Bedoya, uno de los voceros, afirma que no acepta que se estigmatice la actividad minera en la región, llamándola “ilegal” o “criminal”, pues la gran mayoría de mineros son personas pobres que subsisten de esta actividad, sin negar que al interior del gremio minero “han habido cosas distintas, eso es otra cosa, como las han habido por años, en el país”, con lo cual, deducimos, hace alusión a que efectivamente, dentro de la actividad minera, existen grupos armados ilegales que se benefician de ella. Por otra parte, Never Aguas, otro vocero, afirma que los mineros están dispuestos a negociar, y le exige al gobierno soluciones: “al doctor Gustavo Petro, a la ministra de Ambiente, al ministro de Defensa, porque no solamente es venir hacer los operativos para quemar la maquinaria que nosotros tenemos en los territorios, es venir a traernos las propuestas”. La principal exigencia de los mineros es que se detengan los operativos contra la minería en la región y se generen condiciones favorables para la formalización de la actividad minera.

La respuesta del Estado

Representantes del Estado, como el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, o el Ministro de Defensa, insisten en que el paro se encuentra infiltrado y promovido por grupos armados que se dedican a la extracción ilegal de oro, por ejemplo, después de los disturbios del 10 de marzo, Gaviria afirmó que “en la noche de este viernes este grupo criminal (el Clan del Golfo) estuvo en varios municipios obligando a los jóvenes a montarse en volquetas para ir a los sitios del paro. Eso quedó grabado y tenemos pruebas”.

El principal grupo armado, al cual se le atribuye la minería ilegal en el Bajo Cauca, son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo. Altos funcionarios del Estado y grandes medios de comunicación, afirman que las AGC han intimidado a los comerciantes para mantener sus negocios cerrados durante el paro, por ejemplo, la Revista Semana ha publicado chats evidenciando amenazas a comerciantes y transportadores para participar del paro. Otra noticia recurrente, han sido los supuestos pagos de dinero a jóvenes, para provocar disturbios, atacar a la policía y mantener los bloqueos. Con todas estas noticias y declaraciones de altos funcionarios, buscan posicionar a las AGC como el actor principal del paro, dejando en segundo plano a los miles de pequeños y medianos mineros informales, sugiriendo que estos mineros que mantienen cerradas las vías, que se enfrentan a la policía y que han resistido los intentos de desalojos, están allí, o en contra de su voluntad, o recibiendo pagos por parte de las AGC, y difuminando sutilmente que, la mayoría de mineros están allí luchando a causa de su propia necesidad.

La presencia de las AGC en la región, su relación con la extracción minera y su participación en el paro, son innegables, sin embargo, es importante cuestionar toda la campaña mediática del gobierno y de la prensa burguesa para posicionar en la opinión pública a las AGC como los organizadores del paro. Con dicha campaña desdibujan las justas reivindicaciones de los pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca, una de las regiones más pobres de todo el departamento de Antioquia. El diario El Colombiano, citando la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia, señala que, en esta región, el 28,5% de sus habitantes es pobre y el empleo informal es del 68%.

En ese contexto, la minería informal e ilegal se ha convertido en una de las pocas opciones de subsistencia para miles de personas que habitan esta región, y evidentemente, ante la pobreza y falta de oportunidades, muchos mineros recurren a esta actividad económica informal (sin licencias ni permisos), o ilegal (relacionada con las AGC u otras estructuras armadas).

El gobierno ha lanzado una ofensiva contra las AGC, y argumentando acabar con sus rentas y fuentes de recursos, ha embestido contra la minería ilegal, desmontando sus minas y destruyendo sus maquinarias. Pero en esta embestida del gobierno están sufriendo las consecuencias todos los actores, tanto las AGC, a quienes les destruyen maquinaria y golpean sus finanzas, como aquellos medianos mineros que no pertenecen a dicha organización, que realizan minería informal y son tratados como criminales cuando les destruyen sus maquinarias. También sufren los pequeños mineros, los más pobres, que son la inmensa mayoría, los que no tienen maquinaria, quienes trabajan como mano de obra para los dueños de maquinaria, o simplemente trabajan de manera independiente, con sus bateas rebuscando oro en aquellos sitios donde ya la maquinaria extrajo lo más significativo.

Conociendo este contexto, no es justo que el gobierno ataque de manera indiscriminada la minería informal e ilegal. Los burócratas del gobierno, que ya tienen sus vidas resueltas, prohíben la minería informal argumentando su relación con grupos armados ilegales y la gran destrucción del medio ambiente en la región. Pero los miles de mineros pobres, para quienes el hambre no distingue de formalidad o ilegalidad, encuentran en la minería su única forma de subsistir, por lo tanto, su lucha por defender esta actividad económica es justa.

Foto: Caracol Radio

Por otra parte, en la gran mayoría de reportajes que realiza la prensa burguesa sobre esta coyuntura (como es habitual siempre que ocurren bloqueos de vías), dedican gran cantidad de tiempo al cubrimiento de la llamada “emergencia humanitaria”, mostrando a las masas que habitan las poblaciones afectadas, como las principales víctimas del paro. Despliegan parte de sus periodistas para buscar todo tipo de testimonios donde se evidencien la escasez de alimentos, de medicamentos, de combustibles, la pérdida de cosechas y productos, y personas perjudicadas por la falta de transporte, etc. Es importante aclarar que dicha escasez y las afectaciones a las poblaciones son ciertas en gran medida, pero poner el centro de atención en esto, y no en las causas que llevaron a los manifestantes a acudir a las vías de hecho, es una forma solapada de intentar desprestigiar la protesta, lavarles la imagen a las autoridades y justificar la represión contra el paro minero, bajo la premisa de desbloquear las vías para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas. Todo paro y todo bloqueo implica unas consecuencias y costos, pero siempre hay que tener claro ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién lucha y bloquea para defender su subsistencia o del Estado y las autoridades que han ocasionado la problemática?

Finalmente, el otro argumento grande del Estado y la prensa burguesa, para atacar la minería informal en el Bajo Cauca, han sido las fuertes consecuencias de esta actividad minera en el medio ambiente. Problemas como la utilización de cianuro y contaminación de fuentes hídricas, la deforestación desmedida, el desvío de los ríos, la destrucción de ecosistemas, entre otras, son problemáticas muy importantes, pero que sólo tendrán solución cuando las masas, de estas regiones abandonadas y sin oportunidades, encuentren realmente oportunidades tangibles y concretas para su subsistencia, problema que nunca se podrá resolver de parte del Estado, mucho menos con embestidas represivas y prohibiciones que no resuelven las causas de fondo, es decir las necesidades básicas de las masas trabajadoras en esa región.