Comúnmente escuchada en los últimos años de boca del gobierno de Petro, la “Paz Total” se concretó en la Ley 2272 de 2022, una de las primeras iniciativas legislativas que logró pasar el petrismo gracias al beneplácito de la mayoría de los sectores de las clases dominantes y sus representantes en el congreso.
La política de Paz Total se propuso establecer mesas de negociación con todos los grupos en armas. Incluso durante su campaña, Petro llegó a afirmar que “a los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque se hace la paz”. A casi tres años de gobierno, analicemos qué ha sido de esta política bandera del gobierno actual.
La Ley de Paz Total dio apertura a nueve mesas de diálogo con grupos guerrilleros, bandas y grupos paramilitares. Con las fuerzas guerrilleras se establecieron mesas: con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-; con las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central -EMC- y Segunda Marquetalia -SM-); y en el 2024 se abre la mesa de negociación con los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN generada por el mismo gobierno y con otras divisiones de las disidencias de las FARC. Igualmente se instalaron mesas con diferentes organizaciones del crimen organizado como son los Shottas y Espartanos en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca); en Quibdó (Chocó), en Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia) con más de 17 grupos; con el EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) antes llamado Clan del Golfo y con grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) más conocidas como los Pachenca.
La mayoría de estas mesas de negociación a nivel nacional han fracasado, las disidencias se han subdividido y se mantienen solo algunos diálogos con grupos que tienen presencia regional. La negociación con el ELN, que el gobierno alardeó culminar en 3 meses, lleva varios meses suspendida y es poco probable que se retome, por el contrario comandantes de esta guerrilla en la zona del Catatumbo han afirmado en una entrevista que “la Paz total se está convirtiendo en una guerra total” y que en este gobierno el Estado y el ELN no firmarán un acuerdo de paz. Con el EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frente) dirigido por Calarcá, continúa la negociación y, recientemente, al vencerse el plazo de cese al fuego, el gobierno puso un ultimátum de un mes para que estas fuerzas se establezcan en zonas de reagrupamiento, pero hasta el momento solo el Frente 33 (que opera en el Catatumbo) ha dado su aval.
La mesa con las nuevas disidencias de la SM: la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (que agrupa la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera -CF-) avanza lentamente mientras sus mandos ponen la esperanza en que Petro niegue la extradición a Estados Unidos de uno de sus jefes negociadores, alias Araña, quien fue detenido en medio de las conversaciones. La negociación que más ha avanzado es con Comuneros del Sur, en la que probablemente Petro logrará la desmovilización de 100 efectivos. En la mesa con las bandas de Medellín, y la mesa de los Shotas y Espartanos, se ha logrado un frágil pacto de no confrontación entre las bandas (en el caso de Buenaventura uno de los motivos de rompimiento del pacto a inicio de este año fue la falta de cumplimiento del gobierno y el poco avance de la mesa). La mesa con el EGC solo ha servido a redoblar el discurso de conciliación y a lavar la cara de los paramilitares con la demagogia de los “gestores de paz” como ha graduado este gobierno a 18 jefes paramilitares causantes de horrorosos crímenes contra el pueblo como torturas, asesinato, violación y desplazamiento. Hace pocos días el propio gobierno ha reconocido tibiamente el fracaso de su política de paz, diciendo que esta “no ha salido bien”.
Pero ¿por qué el fracaso de la política de Paz Total? Para responder a esta pregunta veamos un poco la historia y el cumplimento del más sonado proceso de paz: el acuerdo de la Habana.
Para aplastar la rebelión popular y acabar con la insurgencia en el país, las clases dominantes siempre han combinado el recrudecimiento de la represión, la guerra contrainsurgente (militar y paramilitar), con la promoción de los acuerdos de paz con los grupos armados. El último de estos ciclos de garrote y zanahoria, que logró la derrota y desmovilización del grueso de las FARC, inició con la expansión y recrudecimiento del terror paramilitar en la segunda mitad de los años 90. Sin embargo, ante la impotencia de ahogar en sangre la rebelión popular y derrotar a las guerrillas, en la década del 2000 el imperialismo yanqui ejecuta el Plan Colombia, como plan de guerra encabezado por el imperialismo yanqui y aplicado por el vendepatria y genocida de Uribe, a través de las también genocidas fuerzas militares y paramilitares, en nombre de la tristemente célebre “seguridad democrática”. Plan de guerra dirigido no solo contra las guerrillas sino también contra el movimiento popular. Fue la época del auge de los “falsos positivos” (6402), la Operación Orión y muchas otras masacres que despertaron el odio de la juventud y de las “cuchas” contra la ultraderecha uribista por su sevicia y violencia reaccionaria contra el movimiento popular y las masas trabajadoras en general.
Habiendo alcanzado el objetivo de golpear duramente a la insurgencia y al movimiento popular, y ante el creciente desprestigio de las fuerzas militares por su evidente trabajo coordinado con los paramilitares, el viejo Estado concretó la desmovilización de más de 30 mil hombres de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Sin embargo, muchos no entregaron sus armas o se rearmaron constituyendo el Clan del Golfo, hoy llamado EGC, y otros grupos paramilitares que hoy se han fortalecido al servicio de los negocios (entre esos el narcotráfico) de los terratenientes, la gran burguesía y el imperialismo,
Después de conseguir debilitar al movimiento popular y a las guerrillas, asesinando a los más consecuentes luchadores en sus filas y sembrando terror entre las gentes trabajadoras, las clases dominantes, ahora bajo representación del gobierno Santos (la derecha), y secundadas por los partidos oportunistas (la falsa izquierda), pasan a impulsar los acuerdos de paz con las FARC y pregonan a los cuatro vientos la conciliación de clases y el pacifismo con el fin de terminar de debilitar al movimiento popular y sumirlo en su crisis, así como conjurar el peligro del desarrollo de una guerra revolucionaria.
El acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, firmado en 2016, incluía una promesa de reforma agraria, de entrega de tierras al campesinado que por décadas ha sido despojado violentamente de sus tierras. Sin embargo, a casi 10 años de la firma del acuerdo de Paz con las FARC, no se ha cumplido ni siquiera esta tímida “reforma agraria”. Según cifras oficiales, una década después se ha adjudicado al campesinado menos del 20% de la tierra prometida. Casi 500 excombatientes han sido asesinados durante estos años, más del 90% de los proyectos productivos de los exguerrilleros no prosperaron, y ademas este gobierno les ha disminuido en 73% el presupuesto (2). El programa de sustitución de cultivos ilícitos por otros alternativos ha tenido muy baja implementación. En la principal zona cocalera del país, el Catatumbo, según un congresista de aquella región “más o menos el 3% de las familias que cultivan coca tuvieron acceso al PNIS* y se han dado muchos incumplimientos, demoran los pagos a las familias, tardan en ejecutar los proyectos transitorios y los proyectos productivos no han llegado a las regiones”.
No obstante que Petro, en un discurso en la ONU en 2022 (el cuál él mismo llamo “insurgente”), rechazara el glifosato para la erradicación por la destrucción que genera, hace pocos días su ministro de defensa confirmó que ya está en marcha la contratación para volver a usar este nocivo herbicida en la erradicación de cultivos de coca. Todo esto lo hace bajo órdenes del imperialismo yanqui temiendo una “descertificación” de su amo.
Por último, en cuanto a lo que ellos llaman “reparación de las víctimas”, se pretendía, según el acuerdo de paz, en 10 años reparar a todas las víctimas del conflicto, pero el mismo Petro ha reconocido que a los ritmos de ejecución actual, “el tiempo total para indemnizar las víctimas es de 125 años”.
Esto ratifica dos hechos relevantes: el primero es que gran parte de los acuerdos firmados en la negociación de Paz con las FARC no se cumplieron. La paz con las Farc se limitó a cuotas burocráticas para unos cuantos líderes oportunistas. El segundo es que el pueblo continúa en la pobreza y sin oportunidades. Que el campesinado reclama tierra, que los problemas base de nuestra sociedad, los mismos que causaron la guerra, son los problemas del hoy. Por eso -en esencia- los grupos armados han crecido y continuarán haciéndolo.
Al gobierno de Petro, cada vez se le destiñe más su disfraz de “revolucionario”, dando la misma respuesta militar al conflicto en Colombia, como se evidencia con la operación Perseo en el Plateado bajo tutela yanqui o en el Estado de Conmoción Interior decretado en el Catatumbo. Como dijo un campesino del Cauca entrevistado en Vorágine: “lo único que ha traído esta operación Perseo ha sido más violencia, más inseguridad, desplazamientos y zozobra”. En el Catatumbo la situación es similar. La fundación Ideas para la paz analiza que “han pasado dos meses desde que el Catatumbo entró en crisis humanitaria y la respuesta del gobierno sigue sin llegar”, aunque la verdad sí ha llegado, de la forma que siempre llega el Estado, con el despliegue de 10.000 uniformados y sin soluciones verdaderas para las comunidades. Además de la militarización de esta región, en el consejo de ministros televisado del 3 de marzo Petro dijo “sabemos que muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas, aun así, hay que quitarles la población a las armas; no se trata de llevarles recursos a las armas que hay allá”. Señalamientos que estigmatizan a las organizaciones sociales y las ponen como objetivo de grupos paramilitares como bien lo denunciaron diferentes organizaciones populares del Catatumbo.
Petro, aunque predica la paz igual que gobiernos anteriores, continúa la guerra, fortalece y legitima las fuerzas militares (aumento de salarios, cambio de uniformes, compra de aviones), la promesa de acabar el ESMAD resultó en fortalecerlo y hacerlo un arma más sofisticada de represión (“la policía nacional invirtió este año $24.500 millones en protectores corporales, escudos, cascos antimotines y munición no letal” según Infoabe en el 2023). El gasto en defensa para el 2024 aumentó el 12,2%. Según el Ministerio de Defensa Nacional “el incremento más significativo” entre el 2018 y el 2024.
Este gobierno, como el de Uribe, niega las causas sociales de la lucha guerrillera, tildándola de guerra entre narcotraficantes, traquetos, ejércitos del narcotráfico, paraelenos, aliados de carteles mexicanos, quienes ya han perdido sus ideales políticos y se han degenerado por la “codicia” y el “poder del dinero”. Pero ¿acaso las causas que han llevado por décadas a que campesinos tomen las armas se han acabado? ¿acaso algún gobierno ha cumplido las transformaciones sociales que ha prometido? ¿acaso la tierra es de quien la trabaja? ¿acaso el estado ha llevado educación, salud, servicios públicos a comunidades históricamente marginadas? Entonces ¿no serán estas afirmaciones una estrategia demagógica y militar para aislar y justificar el aniquilamiento de la insurgencia y de paso del movimiento popular que no han logrado petrificar?
Contrario al pacifismo predicado y el guerrerismo aplicado, hay razones de sobra para que el pueblo se rebele y para decir junto a las masas que “la acción violenta no es toda igual, es justa la del pueblo buscando libertad”. Hoy en diversos sectores, especialmente entre el campesinado, se mantienen en resistencia fuerzas con ideales revolucionarios como expresión de la lucha de clases, sin negar que otras han degenerado en bandas al servicio del paramilitarismo. Es con una parte de estas últimas precisamente con quien mejor se ha entendido el gobierno en sus mesas de negociación y con quien se alía para combatir a los que no aceptan desistir de la lucha por el verdadero cambio.
En síntesis, el intento de pacificación de todos los gobiernos fracasará. No obstante, logren asestar duros golpes a la lucha popular y guerrillera, al no resolver los problemas de base, la rebelión popular en todas sus formas crecerá. No nos engañemos, el prometido cambio no fue y no podía ser nunca de la mano del fortalecimiento de los grandes terratenientes y de profundizar el sometimiento de nuestra nación al imperialismo principalmente yanqui. Petro es un arma más de las clases dominantes para legitimar la violencia reaccionaria del viejo estado, para apaciguar la lucha social y desviar al pueblo del camino de la revolución. El cambio solo es posible con la lucha organizada, independiente y beligerante de los de abajo contra los de arriba.
(1) Fundación Ideas para la Paz. Auge y declive del ELN. 2013.
(2) Revista Cambio. ¿Reincorporarse no paga? Los proyectos productivos de los ex-Farc no despegan después de ocho años.
* PNIS Plan Nacional Integral de Sustitución