El pasado 7 de mayo la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra Iván Name (expresidente del Senado e integrante del Partido Alianza Verde) y Andrés Calle (expresidente de la Cámara de Representantes e integrante del Partido Liberal). Ambos están involucrados en uno de los escándalos de corrupción del gobierno Petro, específicamente en el saqueo de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Este escándalo de corrupción comenzó en febrero de 2024, cuando se conocieron públicamente varias irregularidades con la compra de una flota de carrotanques para surtir de agua potable a varias comunidades de La Guajira. La punta del iceberg fueron 40 carrotanques que llevaban más de un mes abandonados en una base militar en Uribia, y que no estaban cumpliendo la labor para la que fueron comprados: aliviar la crisis de agua que sufre el pueblo guajiro.
La denuncia inicial fue realizada por La W, y a partir de allí varios periodistas de diferentes medios de la prensa monopólica, comenzaron a profundizar en un caso de corrupción que parecía ser local y que involucró a varios clanes políticos de La Guajira. Sin embargo, con el pasar de los meses, se fue descubriendo que detrás de ese caso de corrupción local, estaba uno de los más grandes escándalos de corrupción nacional de los últimos años, que salpicó y sigue salpicando hasta hoy, a altos funcionarios del gobierno Petro. A continuación, algunos de los involucrados:
Sneyder Pinilla. No es integrante de ningún Partido, pero durante su trayectoria ha sido cercano a politiqueros de distintos Partidos como ASI, Liberal y Conservador. Desempeñaba como subdirector de la UNGRD al momento del escándalo. Fue el primero en reconocer su implicación en el caso de corrupción y a cambio de reducción de su condena y protección de su vida, comenzó a delatar a varios de los involucrados. Según sus declaraciones, él y Olmedo López entregaron dinero y contratos de la UNGRD, a varios congresistas para favorecer las reformas del gobierno Petro, particularmente la reforma pensional.
Olmedo López. Integrante del Polo Democrático Alternativo. Desempañaba como director de la UNGRD al momento del escándalo. Una vez salpicado por Sneyder Pinilla, reconoció su participación en el entramado de corrupción, y también negoció con la Fiscalía a cambio de delatar a otros involucrados y entregar pruebas.
Sandra Ortiz. Integrante del Partido Alianza Verde. Desempeñaba el cargo de Consejera Presidencial para las Regiones al momento de ser involucrada por Sneyder Pinilla, quien confesó entregarle a ella $3.000 millones con destino de Iván Name y $1.000 millones para Andrés Calle. Ella era la mensajera que entregaba el dinero, cuyo objetivo era que se favorecieran las reformas del gobierno Petro en el Senado y Cámara. El 6 de mayo de 2024, cuando presentó su carta de renuncia, expresó: “tengo plena confianza en mi inocencia y estoy segura que el tiempo y la justicia confirmarán mi integridad.” Un año después cambió de discurso, ya no afirma que es inocente, sino que está buscando negociar con la Fiscalía rebajas en su condena, a cambio de pruebas contra otros involucrados en el caso.
Carlos Ramón González. Exguerrillero del M-19, fundador y expresidente del Partido Alianza Verde. Desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) y como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Alto funcionario del gobierno y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro. Según las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, fue Carlos Ramón quien les dio la orden de entregar dinero y contratos de la UNGRD a congresistas. Se espera que, una vez Sandra Ortiz negocie con la Fiscalía, aporte las pruebas que confirmen la participación de Carlos Ramón en los sobornos a los congresistas mencionados.
Lo anterior es solo una pequeña parte del caso de corrupción, que aún se encuentra en proceso de investigación. También han sido salpicados el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entre otros altos funcionarios. ¿Será que Gustavo Petro no sabía absolutamente nada de los movimientos corruptos, que estaban haciendo sus funcionarios, para impulsar sus reformas? “El presidente es revolucionario, pero el gobierno no”, podría contestar cualquier petrista ingenuo. Sin embargo, para quien realmente quiere aprender de la realidad, y buscar una verdadera transformación al servicio de la gente trabajadora, este caso de corrupción nos muestra varias cosas.
En primer lugar, la decadencia y podredumbre del Estado, lleno de funcionarios de alto nivel, que son parásitos que se enriquecen robándose los recursos públicos, es decir, saqueando los impuestos que paga el pueblo colombiano.
En segundo lugar, que estábamos acostumbrados a todo tipo de escándalos de corrupción en los pasados gobiernos de derecha y ultraderecha. Sin embargo, ahora se presentan estos casos, en medio del “gobierno del cambio”, mostrando que la decadencia y podredumbre del Estado es estructural, poque es el Estado propio de las clases explotadoras que viven a costillas del trabajo de obreros, campesinos y demás clases trabajadoras. Los gobiernos oportunistas, reformistas y de falsa “izquierda”, son parte de ese mismo Estado y de esa misma podredumbre y decadencia.
En tercer lugar, que en el “gobierno del cambio” no ha cambiado nada significativo. Como hemos informado en varios artículos, casi todas las promesas de campaña del petrismo han sido incumplidas, y la corrupción no es la excepción. El robo de los recursos públicos se mantiene, solo que ahora, los que hace años denunciaban la corrupción durante los gobiernos de derecha, ahora son quienes se benefician de ella.
Y finalmente, nos muestra la vigencia de esa consigna que suelen cantar los jóvenes en las marchas: que “los verdaderos cambios vienen del pueblo organizado, y no de funcionarios dentro del Estado”.
