Bajo la consigna de “Luchar no es un crimen”, organizaciones y colectivos que tuvieron parte activa en las manifestaciones del Gran Levantamiento Popular del año pasado exigen la libertad de los más de 300 detenidos políticos que según las declaraciones de Diego Molano, exministro de defensa, ha dejado hasta ahora la acción de los entes represivos nacionales contra la lucha popular.
Mas temprano que tarde el pueblo irá dándose cuenta que las repetidas alusiones de este gobierno a la justicia, a la igualdad, no son más que rimbombantes gestos demagógicos con los que busca continuar engañando al pueblo trabajador; que sus discursos de unidad y paz no pasan de ser tentativas por velar el profundo antagonismo que existe entre el pueblo, por un lado, y los terratenientes, grandes burgueses e imperialistas por el otro; que el dialogo es solo entre los de arriba o con aquellos de abajo que agachen la cabeza y acepten seguir el injusto orden establecido, pero que, a los que osen luchar contra este orden, les mandarán las fuerzas represivas del viejo Estado.
El pasado miércoles 14 de septiembre se realizó una marcha en la ciudad de Medellín convocada por estudiantes secundaristas de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño, ubicada en el barrio Aranjuez. En la edición anterior de Nueva Democracia informamos a nuestros lectores de las denuncias y la lucha que vienen impulsando los estudiantes de este colegio ante los graves problemas de infraestructura que aquejan a su institución y al 90% de las instituciones educativas de carácter público en la ciudad.…
Jóvenes activistas populares y revolucionarios de distintos lugares del país realizaron múltiples acciones expresando su respaldo y solidaridad con las luchas del campesinado y de los pueblos indígenas y afro por tierra para vivir y trabajar. Elaboración y colgadas de telas, pintas, discursos, quemas, carteles, videos, repartición de volantes informativos y un mitin fueron algunas de las actividades realizadas en ciudades como Medellín, Ibagué y Bogotá. Estas acciones surgen como respuesta popular ante toda la ofensiva de criminalización y represión…
La criminalización y la violencia estatal han sido la respuesta del gobierno a las invasiones de tierras que se han dado en el país durante el último mes. ¿Quiénes son las comunidades “invasoras”, por qué luchan y contra quienes?
El nuevo gobierno oportunista camina por la cuerda floja, jugando a quedar bien con Dios y con el Diablo, intentando conciliar lo irreconciliable: los intereses de los oprimidos y de los opresores.
El pasado miércoles 10 de agosto, estudiantes, maestras y padres de familia del colegio Gilberto Alzate Avendaño, ubicado en el barrio Aranjuez (Medellín), realizaron un plantón y posteriormente una marcha por el sector que contó con la participación de más de 200 manifestantes.
Según un informe del DANE publicado en julio, si se contabilizara el valor económico del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado (TDCNR) para el 2021, en términos de producto interno bruto (PIB) representaría alrededor de 19,6% de la actividad económica y sería el renglón más grande de la economía.
A mediados de julio, los productores de panela (paneleros) anunciaron que realizarían un paro de dos días para exigir soluciones al gobierno frente a la crisis que enfrentan. Las principales razones de la crisis se deben al aumento de los agroinsumos, que ha encarecido la producción de panela, y al ingreso al mercado nacional del nuevo producto “Panelada”, de la multinacional Quala S.A.
A continuación compartimos con nuestros lectores algunos casos de luchas campesinas ocurridas recientemente en distintos lugares del país y que demuestran, tanto la vigencia del problema de la tierra en Colombia, como la necesidad de una revolución agraria para su resolución, en la cual verdaderamente se entregue la tierra a quien en ella vive y la trabaja